Uso de propaganda oficial para torcer líneas editoriales de medios de comunicación
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Redacción.- El
autoritarismo y la represión campean a sus anchas en el país y vuelven por sus
fueros como en las mejores épocas del partidazo único. Así, se impone la visión
unidimensional de la realidad de quien gobierna en los medios de comunicación.
Se cierra la puerta a críticos. A periodistas incómodos, que no se pliegan a la
verdad oficial, a la “verdad histórica”.
Un ejemplo
reciente a nivel nacional es el de la periodista Lydia Cacho, quien tuvo que
dejar las páginas del diario “El Universal”. Precisamente el día de hoy ha
compartido en su cuenta de Twitter un comentario en el que dice que en su lugar
aparece en dicho medio el periodista Cyro Gómez Leyva.
Es decir, que
su columna fue suprimida y en su lugar está Ciro Gómez Leyva.
En efecto el
periodista Ciro Gómez Leyva inicia desde este lunes como columnista del citado
diario.
Hay que
insistir en lo que se ha venido afirmando desde el ámbito de la lucha por la libertad
de expresión en el país. Que el Estado mexicano usa la asignación de publicidad
gubernamental para amenazar, sancionar, presionar o castigar a los medios
críticos, según un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y
Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés).
Precisamente
en su informe titulado “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura
indirecta en México”, elaborado por WAN-IFRA y el Centro Internacional de
Asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA), se indica que el Gobierno
federal y los Gobiernos estatales usan su poder financiero para presionar y
penalizar a los medios.
De acuerdo con
el reporte, realizado en colaboración con las organizaciones civiles Fundar
Centro de Análisis e Investigación, y la oficina en México de Artículo 19, la
censura indirecta debe ser reconocida como una amenaza seria a la independencia
de los medios y la libertad de prensa en México y el mundo.
Además, las agrupaciones ciudadanas señalan que en México la asignación de publicidad no tiene reglas claras y precisas. Y que se utiliza como medio de influencia e incluso de chantaje a dueños de medios y periodistas, que no raramente se traduce en despidos, censura o veto para quien osa criticar o cuestionar al poder.
De esta manera se incide en las líneas
editoriales de los medios o de plano para impulsar agendas partidistas, así como para financiar
selectivamente a ciertos espacios informativos al servicio de la propaganda gubernamental.
La reforma electoral de 2007 quedó prohibido en la Constitución que los servidores públicos (especialmente el Presidente, los gobernadores y las autoridades municipales) aparezcan en la publicidad oficial. Lo que obviamente sigue sucediendo como se ve todos los días a mansalva en Yucatán, con los funcionarios apareciendo en cada evento en el centro, como si fueran padres dadivosos regalando cubetas de pintura, computadoras o becas, cuando son recursos públicos que no les pertenecen.
En realidad,
todo es un espectáculo montado para convertir en propaganda partidista y del funcionario
público en turno, cada acto y evento de Gobierno. Lo que convierte, en
realidad, a los Gobiernos en inmensas maquinarias de propaganda con programas
asistencialistas y electoreros.