Redacción.- El autoritarismo y la represión campean a sus anchas en el país y vuelven por sus fueros como en las mejores épocas del partidazo único. Así, se impone la visión unidimensional de la realidad de quien gobierna en los medios de comunicación. Se cierra la puerta a críticos. A periodistas incómodos, que no se pliegan a la verdad oficial, a la “verdad histórica”.

Un ejemplo reciente a nivel nacional es el de la periodista Lydia Cacho, quien tuvo que dejar las páginas del diario “El Universal”. Precisamente el día de hoy ha compartido en su cuenta de Twitter un comentario en el que dice que en su lugar aparece en dicho medio el periodista Cyro Gómez Leyva.

Es decir, que su columna fue suprimida y en su lugar está Ciro Gómez Leyva.

En efecto el periodista Ciro Gómez Leyva inicia desde este lunes como columnista del citado diario.

Hay que insistir en lo que se ha venido afirmando desde el ámbito de la lucha por la libertad de expresión en el país. Que el Estado mexicano usa la asignación de publicidad gubernamental para amenazar, sancionar, presionar o castigar a los medios críticos, según un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés).

Precisamente en su informe titulado “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México”, elaborado por WAN-IFRA y el Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA), se indica que el Gobierno federal y los Gobiernos estatales usan su poder financiero para presionar y penalizar a los medios.

De acuerdo con el reporte, realizado en colaboración con las organizaciones civiles Fundar Centro de Análisis e Investigación, y la oficina en México de Artículo 19, la censura indirecta debe ser reconocida como una amenaza seria a la independencia de los medios y la libertad de prensa en México y el mundo.

Además, las agrupaciones ciudadanas señalan que en México la asignación de publicidad no tiene reglas claras y precisas. Y que se utiliza como medio de influencia e incluso de chantaje a dueños de medios y periodistas, que no raramente se traduce en despidos, censura o veto para quien osa criticar o cuestionar al poder.

De esta manera se incide en las líneas editoriales de los medios o de plano para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente a ciertos espacios informativos al servicio de la propaganda gubernamental.

La reforma electoral de 2007 quedó prohibido en la Constitución que los servidores públicos (especialmente el Presidente, los gobernadores y las autoridades municipales) aparezcan en la publicidad oficial. Lo que obviamente sigue sucediendo como se ve todos los días a mansalva en Yucatán, con los funcionarios apareciendo en cada evento en el centro, como si fueran padres dadivosos regalando cubetas de pintura, computadoras o becas, cuando son recursos públicos que no les pertenecen.  

En realidad, todo es un espectáculo montado para convertir en propaganda partidista y del funcionario público en turno, cada acto y evento de Gobierno. Lo que convierte, en realidad, a los Gobiernos en inmensas maquinarias de propaganda con programas asistencialistas y electoreros.