Redacción.- En sesión ordinaria de la LXII Legislatura, se realizó la declaratoria oficial relativa a las reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de paridad de género, para que Secretarios de Estado, Magistrados, Ediles y Directores de Organismos Autónomos, entre otros, sean distribuidos de manera paritaria.
La Mesa Directiva informó que se presentaron 39 constancias de sesiones municipales de Cabildo de manera positiva y al cumplirse el plazo de 90 días naturales para responder, después de ser notificados entre el 14 al 18 de junio del presente año, 67 municipios no trataron el tema, por lo tanto, se aplica la afirmativa ficta; de esta manera, los 106 ayuntamientos se pronuncian a favor.
En la plenaria del día, las diputadas y los diputados eligieron a Adriana de León Carmona, con 15 votos a favor, para ser integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por un período de tres años, a partir de rendir compromiso constitucional.
De la misma manera, designaron a Manuel López Mapel y Elmer Rodríguez García como miembros del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), por un período de dos años.
En el caso de la terna entre Janine Andrade Campos, José Moguel Espejo y Camilo Toledo González, se regresó a la comisión permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, ya que en la votación ninguno alcanzó 13 votos o más a favor, como lo exige la ley.
Sobre este tema, Alejandro Cuevas Mena (PRD) agradeció la participación de los candidatos que están preocupados por ocupar parte de su tiempo para servir en un tema que ha lacerado la política del estado y el país, como es la corrupción, que va ligado con el tema de la transparencia.
En otro tema, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad la reforma al artículo 28 de la Constitución Política del Estado, propuesta por Alejandro Cuevas, que establece cambios en el análisis de la Glosa del Informe de Gobierno, para que los diputados puedan solicitar que el Ejecutivo estatal entregue un informe completo en lengua maya y no un resumen.
En asuntos generales, Janice Escobedo Salazar (PRI) presentó una iniciativa para adicionar el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, para que los deportistas y entrenadores de alto rendimiento, así como talentos deportivos que integren preselecciones y selecciones estatales, puedan contar con un seguro de vida y gastos médicos que deberá proporcionar el Instituto del Deporte de Yucatán.
Haciendo lo propio, María Moisés Escalante (PRI) presentó una iniciativa, en conjunto con Felipe Cervera Hernández (PRI) para modificar la Ley de Enseñanza Normal de Educación Preescolar, su similar de Primaria y también de Educación Superior, que propone otorgar conocimientos fundamentales y prácticos en materia de inclusión de las personas con discapacidad, dotar a los estudiantes de herramientas educacionales y métodos flexibles enfocados en las capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje que pueda tener una persona con algún tipo de discapacidad.
También, Warnel May Escobar (PRI) presentó una iniciativa para declarar el 21 de septiembre como Día Estatal del Turismo, con el propósito de concientizar a la comunidad yucateca acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo, además de cómo el sector puede contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Además, Luis Borjas Romero (PRI) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional para el Estado y sus municipios, para obligar al Gobierno del Estado, Ayuntamientos, al Poder Legislativo y el Judicial, acotar la aplicación de recursos que se empleaban para el cambio de color de fachadas, de logotipos en edificios públicos, en la infraestructura, así como en los vehículos y papelería oficial y que el dinero ahorrado por este concepto, pueda ser efectivamente reorientado para programas sociales, educativos o culturales.
De la misma manera, Milagros Romero Bastarrachea (MC) presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de Yucatán y la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, para que la personalidad jurídica de este sector sea reconocida en el máximo órgano legal del estado, así como aplicar sanciones de 500 hasta 2,500 UMAs y el retiro de permisos, a los asilos que no cumplan con las disposiciones de ley.
Así mismo, Rosa Díaz Lizama (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley para Promover y Fomentar el No Desperdicio de Alimentos del Estado, para establecer las principales políticas públicas que cumplan con este objetivo, con las competencias de las autoridades públicas, sociales y privadas, para implementar una cultura de no desperdicio y en favor de las personas menos favorecidas.
En tribuna, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó una iniciativa para reformar las fracciones II y III del artículo 5 de la Constitución Política estatal, que propone elevar de seis meses a dos años consecutivos el tiempo de residencia en el estado para obtener la calidad de yucateco, ante la afluencia de personas de otras entidades y países que han decidido radicar en Yucatán, así como el posible aumento en los próximos años.
Por último, Leticia Euán Mis (Morena) recordó el 51 aniversario de la tragedia durante el movimiento cívico y estudiantil, acaecido el dos de octubre de 1968, en la Plaza de Tlatelolco, en la ciudad de México.
En otros temas, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación un oficio del Ayuntamiento de Mérida, con el que remite el Convenio para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales celebrado por Mérida y Progreso; así como otro oficio con el que se remite el Convenio para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales celebrado por Mérida y Tecoh.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 9 de octubre del presente año a las 11 de la mañana.
Circula versión de que María Ocaña Dorantes, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, habría sido removida del cargo
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