Redacción.- Los ejidatarios que han denunciado las maniobras empresariales para apropiarse ilegalmente de tierras en el municipio de Chocholá y que se oponen a la venta de tierras a empresarios conocidos en Yucatán, dieron a conocer las amenazas a través de las cuales se les pretende obligar a que desistan de la denuncia interpuesta por la venta de 612 hectáreas. En realidad se trata de un despojo, de una venta ilegal, en la que pretenden construir una fábrica que va a contaminar las tierras y el pueblo, señalaron en improvisada conferencia de prensa en la plaza Grande de Mérida.
El clima de confrontación en Chocholá aumenta, afirmó el ejidatario Gonzalo Alcocer Peña quien denunció las anomalías junto con otros ejidatarios de la venta de tierras que datan de 2012, y que ahora da continuidad la comisaria Maritoña Flores Rosado.
En la conferencia de prensa que presidieron, los inconformes denunciaron que en Chocholá hay 565 ejidatarios y ocho avecindados, pero estos últimos ?no los conocemos, no viven en ahí y mucho menos tienen al menos un año de residencia en la comisaría?.
Indicaron que en 2012, a los miembros del ejido de Chocholá se les informó que se habían vendido 500 hectáreas, cuando en realidad, la extensión entregada es de 612. Se trata de un despojo
?A los empresarios se les regaló 112 hectáreas, y lo peor de todo, al hacer otras mediciones aparecen que les dieron 40 hectáreas más?, señalaron.
Explicaron que las irregularidades son diversas: primeramente, quienes pretenden vender pidieron el cambio de magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034; luego formaron parte de la toma a la fuerza por más de una semana de las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán, como método para exigir la destitución del ahora enlace de la dependencia federal, Alfredo Ramírez Gómez.
Posteriormente, el pasado 12 de octubre, en Ixil, esos mismos ejidatarios que quieren vender las tierras (a cambio de 30 mil pesos) formaron parte de los acarreados por empresarios y sus operadores en el Estado (como Rafael Acosta, Salvador Artega y Alejandro Escoffié), que acusan a funcionarios federales de “numerosas irregularidades” porque se interponen a sus maniobras para apodarse de tierras en Yucatán.
Los empresarios y sus operadores realizan maniobras para acusar al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcon, y el procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, funcionarios de las Cuarta Transformación, ya que se interponen en la adquisición de tierras en numerosos ejidos de Yucatán, a través de asambleas irregulares o ilegales, sembrando la corrupción con dinero.
Los ejidatarios de Chocholá que favorecen la venta de tierras para una fábrica a cambio de dinero, también fueron llevados el pasado 28 de octubre a la comparecencia de la comisaria Maritoña Flores Rosado ante el TUA y al día siguiente, realizaron una protesta ante el Congreso del Estado.
Por último, los ejidatarios que se oponen a las ventas de tierras a empresarios en Chocholá señalaron que afortunadamente, se activaron las audiencias para invalidar la asamblea ilegal efectuada en 2012, pues se pretende que las tierras sean realmente para la gente de campo y no para los empresarios.
Finalmente, expresó que hasta el momento, ya se vendieron mil 500 hectáreas, pero sólo 612 se han registrado ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
