Redacción.- Las diputadas y los diputados aprobaron por mayoría los paquetes fiscales de 104 municipios, que contempla sus leyes de ingresos, así como nuevas leyes de Hacienda y reformas a la misma, durante la Sesión Ordinaria de este miércoles que inició con el compromiso constitucional de Juan Manuel León León como nuevo Fiscal General de Yucatán.
Con el voto en contra de la diputada de Morena, Leticia Euán Mis, fue avalado un primer paquete de 50 leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de los municipios de Acanceh, Akil, Cenotillo, Buctzotz, Cacalchén, Cansacab, Cantamayec, Chacsinkin, Chankom, Chapab, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Cuzamá, Dzitás, Dzan, Dzoncauich, Hoctún, Homún, Izamal, Kantunil, Kaua, Mama, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mococha, Muxupip, Opichén, Panabá, Sanahcat, Samahil, Sinanché, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tekit, Temozón, Tetiz, Ticul, Tinúm, Tixcacalcupul, Tixmehuac, Tixpéhual, Tunkás, Uayma, Ucú, Yaxcabá y Yaxkukul.
Al igual que el segundo paquete de 51 leyes de ingresos municipales conformado por Baca, Bokobá, Calotmul, Celestún Chicxulub Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuncunul, Dzemul, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzidzantún, Espita, Hocabá, Huhí, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Muna, Oxkutzcab, Peto, Quintana Roo, Rio Lagartos, San Felipe, Sacalúm, Santa Elena, Seyé, Sotuta, Sucilá, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tekax, Tekom, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Teya, Timucuy, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid, Xoccel y Yobaín.
En los mismos términos, fueron aprobadas cuatro nuevas leyes de Hacienda de los municipios de Chemax, Kantunil, Maní y Tunkás, así como en otro dictamen las de Telchac Pueblo y Peto; además de reformas a las mismas leyes de Sacalúm, Dzidzantún, Temax y Valladolid; y en otro producto legislativo, la de Motul.
De la misma manera, fueron avaladas las leyes de Ingresos para 2021 de Motul y Progreso; mientras que, con el voto en contra de Morena y PRD, el paquete fiscal de Mérida que reforma su Ley de Hacienda y plantea su Ley de Ingresos para 2021.
En este último punto, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, sugirió que se prevé un aumento en el cobro del servicio de basura en la capital yucateca, toda vez que en el artículo tres de su Ley de Hacienda plantea que las cuotas establecidas se verán incrementadas o decrementadas en la misma proporción que sean modificadas las tarifas autorizadas para las concesionarias.
Así mismo, mencionó que los ciudadanos podrían no obtener un beneficio en el pago del predial porque el artículo cuarto contempla que, en lugar de aplicar un descuento del 20% en enero, 10% en febrero y 8% en marzo, las bonificaciones se establecerán en conformidad con el programa de apoyo que establezca el Cabildo de Mérida, “es decir, ya no será obligatorio”.
En respuesta, el diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, declaró que, a diferencia de los demás municipios, la capital yucateca tiene la facultad de poder tener una autonomía hacendaria y pueden aprobar programas que estimulen la participación de los contribuyentes, en el caso del predial; en cuanto al tema de la recolección de basura, comentó que los cabildos son quienes aprueban las tarifas y el número de predios que tienen las concesionarias.
“Lo que se hace es incluir ese párrafo para que no se tenga que dar una modificación a la Ley de Ingresos, que a veces es tardada, hacer modificaciones si las hubiera, en el número de predios a cada empresa recolectora”, detalló.
En el mismo sentido, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, señaló que es falso que se aumentará el predial en Mérida, como tampoco se permitió en los paquetes fiscales recién avalados, por lo que acusó que “se trate de desvirtuar el trabajo de los integrantes de la Comisión de Presupuesto” que estuvo horas en la discusión, donde se despejaron dudas, de los productos legislativos.
En temas relacionados, fue aprobada por mayoría, la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Hacienda y la Ley de Ingresos, todas del estado, para el ejercicio fiscal 2020, en materia de distribución del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En la plenaria, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad modificar diversos artículos del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de maximizar los procesos del entorno parlamentario, como son los términos para notificar el orden del día, las actas de las sesiones, los trámites de los dictámenes e incluso su discusión, que entrarán en vigor el próximo periodo ordinario.
La diputada del PRI, Karla Franco Blanco, indicó que los procesos legislativos no son estáticos y están en cambio constante, junto con la dinámica social de estos tiempos, por ello la importancia de esta reforma, ya que después de hacer un análisis minucioso de la iniciativa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, fue necesario adecuar la normatividad actual de nuestro Poder Legislativo y abrir una nueva etapa dentro del derecho parlamentario yucateco.
En Constituyente Permanente, fue aprobado por unanimidad la Minuta enviada por la Cámara de Senadores que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de México, para que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
El diputado del PAN, Miguel Rodríguez Baqueiro, manifestó que no es una propuesta de eliminación de fuero, porque el enjuiciamiento del titular del Poder Ejecutivo Federal no será ante un tribunal civil del fuero común o federal, y solo podrá ser juzgado ante la Cámara de Senadores, que tiene mayoría representativa del mismo partido que milita el actual Presidente.
Ante ello, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, expresó que “todos los presidentes han gozado de fuero constitucional y fueron intocables”, pero el jefe del Ejecutivo federal no puede ser enjuiciado en el fuero común o ante la Fiscalía General de la República.
En otros temas, se turnaron a la comisión de Igualdad de Género, la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y del Código Penal, en materia de violencia institucional; así como la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en materia de violencia obstétrica
A la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, fueron enviadas la iniciativa que modifica la Constitución Política del Estado y diversos artículos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado; y la iniciativa para crear la Ley sobre Despachos de Auditores Externos.
A la comisión de Derechos Humanos, se turnaron la iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en materia de Atención y Denuncia de Maltrato Infantil; además de la iniciativa para expedir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y para modificar diversas leyes estatales, en materia de armonización de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
A la comisión de Medio Ambiente, se envió la iniciativa para modificar la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado; y a la comisión de Arte y Cultura, la iniciativa para declarar el 12 de enero, como Día Estatal del Fotógrafo.
En asuntos generales, la diputada independiente, Silvia López Escoffié, presentó una iniciativa para reformar el reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, para que los votos de abstención de las legisladoras y los legisladores no tengan efectos y no altere el sentido de la mayoría, “como se exige en una verdadera democracia parlamentaria” y como se ejerce en el Congreso de la Unión.
La propuesta, continuó, también plantea que todas las votaciones sean nominales para dar mayor claridad y que el voto mediante cédula solamente sea para la designación de funcionarios de órganos públicos, “evitando que sea en la discusión de temas que puedan vulnerar los derechos de las y los ciudadanos”.
En su turno, la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, presentó una iniciativa para expedir la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico del Estado, que propone cinco capítulos y 17 artículos que también contempla disposiciones referentes a la libertad de expresión, del acceso a la información y actos públicos, de los derechos de autor y de firma.
Para finalizar, se convocó a la siguiente Sesión Ordinaria el próximo lunes 14 de diciembre del año en curso a las 12 horas.
Convocatorias
En comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, sus integrantes aprobaron por unanimidad dos convocatorias: la primera, para la designación de dos miembros del Consejo consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
La segunda, dirigida a instituciones de educación superior y de investigación, así como a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, o afines, para designar vacantes de la Comisión de Selección que a su vez designará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Además, se dio a conocer la lista de candidatos para integrar la misma Comisión de Selección, los cuales son Ileana Lucelly Ramírez Sierra, propuesta por la Universidad Modelo; Herminio José Piña Valladares, sugerido por la Universidad Mesoamericana de San Agustín; así como Rolando Mendoza Hijuelos, por parte de la Coparmex Mérida.
Para finalizar, se solicitó el proyecto de dictamen de la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019, de la cual, el titular de la Unidad de Evaluación y Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Jonathan García Ramírez, explicó el contenido de la misma.
Informó que en dicho documento comprenden 127 auditorías, de las cuales 66 son de municipios, 8 de organismos públicos descentralizados municipales y 53 de entidades y organismos autónomos; además, señaló, que el principal problema que se presenta en estos ejercicios es la falta de capacitación técnica de los funcionarios al momento de realizar sus cuentas públicas.
