Redacción.- La industria farmacéutica tiene la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual adquirida mientras que los países desarrollados deberían ser más solidarios y contribuir a la financiación de la iniciativa de la ONU para la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo.
El Comité Internacional de Bioética* (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología* (COMEST) piden un cambio de rumbo en las actuales estrategias de vacunación contra la COVID-19, instando a que las vacunas se traten como un bien público mundial para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas.
Esta petición se presentó durante un evento en línea celebrado el 24 de febrero, que reunió a ambos órganos de ética de la UNESCO junto con el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, y el profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
“Cuando se anunciaron las campañas de vacunación en todo el planeta, el mundo respiró aliviado”, declaró la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. “Pero sin la solidaridad, estamos lejos de lograr el objetivo, y más de 130 países aún no han recibido una sola dosis y, hasta ahora, los más vulnerables no están protegidos”.
Mientras que algunos países avanzados han conseguido vacunas suficientes para proteger a toda su población dos, tres o cinco veces, el Sur del planeta se está quedando atrás. Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022. Los últimos anuncios del G-7 son bienvenidos, pero tienen que traducirse en un suministro efectivo de vacunas en los países en desarrollo.
“No terminaremos con la pandemia en ningún lugar si no acabamos con ella en todas partes”, dijo el doctor Tedros.
No solo es lo correcto, también la mejor forma de controlar la pandemia
“En última instancia, la equidad en las vacunas no es sólo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial. Por ello, acojo con satisfacción la declaración de las comisiones de ética de la UNESCO sobre la equidad y la solidaridad en materia de vacunas. Es muy oportuna. (…) Juntos, podemos acabar con la pandemia”, añadió.
Por su parte, el profesor Sachs pidió al Fondo Monetario Internacional que permita a los países en desarrollo recurrir a los Derechos especiales de giro para financiar el desarrollo de vacunas, y añadió que los países desarrollados deberían ser más solidarios y contribuir a la financiación del mecanismo COVAX, la iniciativa de la ONU para la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo.
“Es una pequeña fracción de los billones que se han gastado para hacer frente a la pandemia. Pero es la recta final que falta recorrer para asegurar que la COVID-19 desaparezca de forma efectiva”, dijo el profesor Sachs.
Tres mensajes clave
La petición se contiene en una declaración del Comité Internacional de Bioética y de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología en la que hace hincapié en tres mensajes clave.
En primer lugar, la industria farmacéuticatienen la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual obtenida con apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países el acceso a las vacunas para todos, que deberían considerarse un bien público mundial.
El Comité y la Comisión también subrayan la responsabilidad de la industria farmacéutica de invertir en fábricas capaces de producir vacunas de la mayor eficacia posible y facilitar su rápida distribución allí donde sea necesario.
En segundo lugar, ambas entidades afirman que el beneficio de la vacuna para el mayor número de personas no puede considerarse el único criterio ético. También deben tenerse en cuenta la igualdad, la equidad, la protección de la vulnerabilidad, la reciprocidad y el interés superior de los niños.
Además, las decisiones sobre la distribución justa y la priorización deben basarse en el asesoramiento de un grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos.
