Redacción.- El ex alcalde Leonel Rosado Mena (PRI) fue acusado de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades cometido en pandilla junto con otras 10 personas, todas ex miembros del cabildo de Celestún. El ex alcalde despojó a vecinos y un lote de playa de 50,000 metros cuadrados ubicado cerca de la casa del mismo Rosado Mena y que, según su antecesora, la también priista Rosa Alba Acosta Narváez, regaló a la empresa Uredi, con sede en Mérida.
El ex alcalde vendió ilícitamente dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio a la empresa Uredi S.A de C.V. creada por hoy diputado federal electo por la coalición “Juntos Haremos Historia” en el distrito federal dos, Mario Peraza Ramírez, quien como ya dimos a conocer falsificó documentos para despojar de sus tierras a un número indeterminado de familias de Dzilam de Bravo.
Como publicamos con pruebas, Mario Peraza, cuando fungía como director del Catastro del estado en la administración del gobernador Rolando Zapata Bello falsificó documentos y a través de su empresa inmobiliaria “Uredi S.A. de C.V.” se apoderó de extenso territorio costero para posteriormente venderlo a particulares de varias partes del país. El mismo modus operandi aplicó en Celestún a través de su socio Leonel Rosado Mena.
Mario Peraza Ramírez, encabezó el Catastro durante algunos meses de 2015 (entre agosto y diciembre), es decir, justo el tiempo necesario para llevar a cabo la operación de despojo que incluye la venta de terrenos ubicados en el área natural protegida de Dzilam de Bravo y en Celestún.
El día de ayer, en audiencia realizada este día en el Centro de Justicia Oral de Umán ante la Jueza de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, 11 personas fueron vinculadas a proceso penal por su probable participación en hechos con apariencia de delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla. Entre los acusados se cuenta el ex alcalde priista, Leonel Rosado Mena.
La Jueza de Control expuso en la audiencia que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y en la Constitución Federal para dictar el auto de vinculación por tales delitos, con lo cual se continuará el proceso penal a los imputados por esos hechos.
Los hechos expuestos en la audiencia por los representantes de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción son los siguientes:
“Que ocho de los hoy imputados, en su calidad de regidores del cabildo de Celestún, Yucatán, en el periodo de la administración pública municipal 2015-2018, entre el 12 de febrero y 30 de agosto de 2018, ilícitamente otorgaron enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio; procediendo a venderlos a favor de otras tres personas imputadas, socias de la empresa compradora (Uredi S.A. de C.V., hoy desaparecida), todos a quienes se imputa como coautores materiales directos de la posible conducta de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla.
Ya que mediante sesión de cabildo de fecha 18 de junio de 2018, el órgano municipal aprobó unánimemente la enajenación de dichos terrenos, aún cuando no se cumplía con 6 de los 9 requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto; esto en favor de tres personas físicas que pagaron $400,000 M.N. por los bienes inmuebles cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de $57,245,196.49 M.N dañando con ello, gravemente, el patrimonio municipal, quien encontró un déficit de 99.31% en esa operación”.
Cabe apuntar que en el caso del perito valuador, también imputado en la audiencia, se le atribuyen dichas conductas en el grado de partícipe. Por su parte, una de las ex-regidoras que no estuvo presente en la audiencia, será presentada, con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto del presente.
La Jueza de Control Polanco Sabido impuso a los imputados medidas diversas a la prisión preventiva: acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, prohibición de acercarse a testigos, todas estas medidas por todo el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de seis meses para continuar con la investigación complementaria del caso.
