Redacción.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el Congreso de Yucatán incurrió en una ilegalidad al votar en 2019 en contra del matrimonio igualitario por cédula; es decir, de forma secreta.
El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY), Article 19 Oficina para México y Centroamérica, UNASSE A. C. e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que este próximo 18 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el Congreso de Yucatán incurrió en una ilegalidad al votar en 2019 en contra del matrimonio igualitario por cédula; es decir, de forma secreta, limitando así las libertades de expresión y derechos políticos de la ciudadanía yucateca al privarse la información certera del sentido de la votación de las y los legisladores estatales. De ser favorable la decisión, se abriría la puerta a anular y buscar la reparación del proceso legislativo, obligando al Congreso de Yucatán a votar de forma abierta y transparente, tal y como lo prevén las normas internas que rigen al Poder Legislativo Estatal, explican
Las organizaciones mencionadas presentaron en julio de 2019 dos amparos en contra del Congreso de Yucatán por haber efectuado una votación secreta–impuesta por el entonces presidente de la Mesa Directiva, el diputado Enrique Castillo Ruz– en contra de la iniciativa de ley que hubiera reconocido el derecho el matrimonio igualitario en el Estado.
Las normas que rigen a los congresos en sociedades democráticas únicamente permiten este tipo de votaciones en los nombramientos de funcionarios públicos de organismos autónomos, nunca para iniciativas de ley, y mucho menos en temas que involucran al reconocimiento de derechos humanos, añaden en un comunicado.
“Las acciones de la actual LXII Legislatura, de quedar impunes, darían un cheque en blanco a que el Poder Legislativo a nivel estatal en Yucatán y en otros estados, e incluso a nivel federal, legislen sin transparencia. La rendición de cuentas de quienes representan a la ciudadanía no puede ser opcional, porque se presta a abusos, corrupción y demás actos antidemocráticos como en la vulneración de derechos humanos, tal y como fue en el caso cuando el Congreso de Yucatán rechazó reconocer el matrimonio igualitario, contradiciendo jurisprudencias de la Suprema Corte y demás tratados internacionales en esta materia”.
Por último exhortan “a las ministras y los ministros de la Primera Sala que aprueben los proyectos de sentencia elaborados por los ministros Juan L. González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los cuales resolverían a favor de la transparencia y los valores democráticos de la ciudadanía yucateca de manera oportuna, para que sea esta misma legislatura la que repare el proceso en cuestión antes de que se renueve el Congreso en Septiembre próximo”.
