Redacción.- Ni revés ni fracaso en la cancelación de las pensiones a ex funcionarios estatales del gobierno del priista Rolando Zapata Bello. El Consejero Jurídico del gobierno del estado de Yucatán, Mauricio Tappan Silveira, aclaró que el amparo obtenido por parte de un ex funcionario de la administración del ex gobernador, Rolando Zapata Bello, para continuar recibiendo una millonaria pensión no es un proceso legal definitivo, pues sus efectos únicamente tienen el objetivo de que el Tribunal pueda realizar una nueva resolución.
En efecto. El funcionario detalló que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimocuarto Circuito concedió el amparo a un ex funcionario del Gobierno de Yucatán pero solo para que su caso sea revisado nuevamente y se pueda dictar una nueva resolución.
De esta manera, el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán tendrá que evaluar nuevamente la situación y decidir si la pensión que le fue otorgada a esta persona por órdenes del ex gobernador, Rolando Zapata Bello, es legal o no.
Durante los últimos días de su gobierno Zapata Bello concedió pensiones por un monto de 4.3 millones de pesos a varios funcionarios de su gobierno. Dichas pensiones fueron otorgadas de manera directa por el ex gobernador sin seguir los procedimientos legales para su obtención por medio del Issstey. En ellas no se cumplía con requisitos básicos como semanas cotizadas, años de trabajo o la edad requerida para obtenerla, explicó el funcionario estatal luego de la publicación de una nota en un diario local.
Derivado de lo anterior, recordó, “y comprometido con la transparencia y la legalidad, el gobierno de Mauricio Vila Dosal promovió un juicio para revocar dichas pensiones el cual ganó. Dichas pensiones fueron concedidas a 16 ex funcionarios por montos que van de los 19 a los 46 mil pesos mensuales”.
Por último, recordó que es pertinente aclarar que, aunque todos los ex funcionarios beneficiarios de dichas pensiones tramitaron el amparo, solo uno de ellos lo ha obtenido y los demás casos permanecen en análisis por parte de la justicia federal.
