Por Eduardo Lliteras Sentíes.- Aproximadamente una decena de habitantes del fraccionamiento del Arco pagaron a la mafia inmobiliaria, encabezada por Érica Buenfil Méndez, cantidades que rondan entre los 80 y 100 mil pesos presionados y aterrorizados ante la perspectiva de perder sus casas. Ante las amenazas de perder sus casas, proferidas por abogados, ejidatarios e inclusive funcionarios federales cómplices, asociados con la ex funcionaria agraria, Érica Buenfil Méndez, algunos entregaron dinero, indebidamente, ya que el litigio legal no había concluido ni había sentencia de algún juez al respecto. Otros se enfermaron, se les subió la presión, algunos ya han fallecido, tras casi 5 años de presiones e incertidumbre de perder lo más preciado: sus hogares, tras años de sacrificios y esfuerzo. Hablamos de personas que en muchos casos son de la tercera edad y a los que un día, repentinamente, un grupo de individuos llamaron a la puerta de sus casas acusándolos de ser invasores de sus terrenos, a pesar de tener títulos de propiedad, de no deber dinero al banco o crédito hipotecario alguno.
Desde junio de 2017 inició éste auténtico calvario para los vecinos del Arco, como explica Russel Santos Morales (habitante de dicho fraccionamiento ubicado al norte de Mérida), quien afirmó que todos los habitantes se asombraron porque nunca se habían enfrentado a una situación de ésta naturaleza y jamás esperaron encontrarse en tal brete. El que no comprendían, ya que era muy difícil entender cómo, tras años de pagar predial, y tener los títulos de propiedad, alguien venía a decirles que todo eso valía un cacahuate y que podrían perder sus hogares. De ese tamaño.
Hablamos de pensionados que se encontraron con la acusación de que habían construido sus casas en terrenos que, aparentemente, estaban indebidamente ocupando. O al menos, eso querían hacerles creer.
Sin embargo, como explica Russel Santos Morales, nosotros tenemos el registro de nuestros predios desde 1913, y realmente ellos (los ejidatarios) recibieron sus tierras en 1929. Nosotros tenemos el historial de los terrenos que ocupan nuestras casas hasta 2021 y nosotros no tenemos ningún dato de alguien que haya sido dueño de los terrenos del Arco, explica en conversación con Infolliteras.com.
Pero ¿quiénes están detrás de ésta confabulación para defraudar a más de un centenar de familias? Se trata de dirigentes del ejido de Chuburná con el apoyo de la exvisitadora agraria, Rebeca Buenfil Méndez, quien aprovechando el acceso a información confidencial oficial vio la oportunidad de obtener mucho dinero. El entonces líder del ejido de Chuburná, Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, se confabuló con Buenfil Méndez para obtener dinero de los propietarios de más de 170 predios de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre.
En efecto. Huchim Ramos y Buenfil Méndez denunciaron a decenas de vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco (que colindan con Los Álamos) ante el Tribunal Unitario Agrario 34 (TUA) con el objetivo de que les pagaran una indemnización, a cambio de no solicitar el remate judicial de esos predios, según decían.
Al negocio se sumó el entonces magistrado de ese tribunal, Antonio Luis Betancourt Sánchez, quien le dio la razón al ejido, tomando como base una resolución de 2006.
Érica no les explicaba nada, simplemente les decía que estaban sobre terrenos ejidales y por eso debían pagar al ejido. Insistía en que debían pagar la indemnización correspondiente y fijaba el precio del metro cuadrado arbitrariamente: trataba de coaccionar a los vecinos con un convenio, aunque no existía, como hasta la fecha, sentencia judicial sobre el caso. Si todos hubiesen aceptado firmar, dirigentes ejidales, abogados y Érica se habían embolsado por lo menos 7.500,000.
En realidad, a nadie de los dirigentes del ejido de Chuburná se les hubiera ocurrido éste negocio oscuro sino fuera por la propuesta de Buenfil Méndez, auténtico cerebro del fraude orquestado contra los habitantes del Arco.
En 2019 el licenciado Antonio Betancourt, magistrado agrario del distrito 34 en Mérida, emite una sentencia sobre el caso en nuestra contra sin haber hecho una investigación a fondo del caso. Por el contrario, emitió una sentencia sospechosamente de forma apresurada, explica Rusell Santos.
Nosotros nos inconformamos y enviamos al tribunal agrario un recurso de revisión. Y el recurso de revisión resultó favorable a los vecinos del Arco, añade.
El recurso fue interpuesto en diciembre de 2019 y en abril de 2020 llegó la resolución a favor con la indicación de que debía reponerse el procedimiento desde cero.
La magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Lilia Ochoa Muñoz, al revisar el caso emite una sentencia a favor de los habitantes del Arco.
Ahora, evidentemente, los ejidatarios de Chuburná y sus socios, han pedido a su vez una revisión del caso. Lo que indica que el litigio aún se alargará.
