Redacción.- La transnacional petrolera española, Repsol, provocó el mayor desastre petrolero de la historia del Perú en días recientes contaminando playas enteras y matando especies marinas, y se lava las manos de toda responsabilidad. Un accidente o más bien negligencia criminal de la empresa, que derramó más de 6.000 barriles de petróleo (954 mil litros), afectando 1’739.950,9 m2 de franja de playa y 1’186.965,8 m2 de mar, según estimados del Ministerio del Ambiente peruano. La ministra Mirtha Vásquez declaró que, según información brindada por OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), Repsol no solo había dado información inexacta sobre la magnitud del derrame, sino que además no contaba con un plan de contingencia para este tipo de emergencias ambientales, ampliando el desastre.
La transnacional se escudó en el tsunami provocado por el estallido de un volcán en Tonga para justificar el derrame en el Pacífico peruano, sin embargo, testigos que se encontraban en la zona veleando han confirmado que no hubo oleaje en la zona y que la empresa miente, ya que las causas del derrame no son achacables al oleaje.
El gobierno peruano dijo el jueves que 21 playas de la costa del Pacífico están contaminadas tras el derrame petrolero del sábado en una refinería administrada por Repsol.
En un comunicado, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), que agrupa a 51 organizaciones privadas de cooperación internacional para el desarrollo que laboran en el Perú, manifestó su profunda preocupación y alarma ante los numerosos desastres ecológicos que generan en la costa, sierra y selva del Perú, actividades extractivas que no cumplen los mínimos estándares ambientales, y tampoco implementan acciones de remediación e indemnización a la población, en particular a Pueblos Indígenas. El desastre ecológico generado por el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, que involucra a la empresa Repsol y su refinería en el distrito de Ventanilla, La Pampilla, es uno más de estos hechos, sólo que, en esta ocasión, ha llamado la atención de la ciudadanía, decisores políticos, y las portadas de los medios capitalinos.
Ante ello, instamos a la Unión Europea y sus Estados miembros a emprender las acciones necesarias para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU), en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Título IX sobre Comercio y desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con Perú.
Dice DW en una nota que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al ministerio del Ambiente peruano, informó que, hasta el momento, el área dañada es de un millón 739 mil metros cuadrados y estimó que dicha cifra podría incrementarse con el transcurso de los días. Según el ente, nueve playas y dos reservas naturales protegidas se han visto afectadas, la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes e Islas Guaneras y la Zona Reservada de Ancón.
“Aunque se diga que se puede limpiar, el daño es inmenso. En primer lugar por su gravedad para el ecosistema y, en segundo lugar, por la falta de respuesta inmediata de Repsol, que minimizó la situación”, explica a DW Miguel Lévano, experto en industrias extractivas de Oxfam Perú y coordinador del subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDH).
Más allá del inmenso daño causado al ecosistema marino, las secuelas del derrame en Ventanilla significan una gran amenaza en la salud de la población que vive de actividades pesqueras y consume productos marinos, dice la organización Oxfam Perú.
En particular, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional recordó la necesidad de cumplir con el principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”. En este marco, la UE y sus Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para reparar todos los ecocidios generados en el Perú por empresas europeas, reparar a la población afectada en sus medios de subsistencia, remediar los impactos en los ecosistemas circundantes, así como asegurar que las empresas de EEMM cumplan los estándares medioambientales internacionales.
En un contexto de crisis climática, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los Estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos. La UE y sus EEMM pueden y deben demostrar compromiso de caminar hacia un modelo de transición social y energética, en línea con el Pacto Verde de la UE, que paulatinamente abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y promueva el uso de energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales.
