Redacción.- Desde temprana hora, cerca de un millar de ejidatarios, empleados pensionados y jubilados participaron en la marcha de protesta como motivo al Día Internacional del Trabajo, evento en el cual presentaron sus inconformidades. Los telefonistas advirtieron que por el respeto de nuestros derechos laborales, los telefonistas haremos uso de todos los recursos legales necesarios incluida la huelga nacional.
La manifestación partió del Parque Santos Degollado del barrio de Santiago Apóstol, y la caravana tuvo una extensión de cuatro esquinas, con la participación de integrantes de 26 asociaciones no gubernamentales, hasta llegar a Palacio de Gobierno.
Los trabajadores exigieron el respeto a sus derechos laborales, a sus pensiones en la Plaza Grande donde leyeron varios posicionamientos y comunicados.
Los telefonistas afirmaron que hasta el momento, el modelo de desarrollo que se ha generado en al amparo de los tratados comerciales que ha suscrito el Gobierno Mexicano tiene como sustento el uso de mano de obra barata y fácilmente desechable. Es un modelo inoperante que ha generado críticas entre nuestros socios comerciales, como ocurrió con el malogrado acuerdo transpacífico, circunstancia que obligo al anterior gobierno a impulsar la reforma constitucional en materia
de justicia laboral cuya ley reglamentaria se aprobó al iniciar la presente administración con lo que se sentaron las bases para democratizar el mundo del trabajo y fortalecer la economía sindical.
Esta es una lección, añadieron, que no debemos olvidar ya que la competitividad de las empresas, desde nuestra perspectiva, debe basarse en el uso de tecnología de punta así como en la creatividad, capacitación e innovación de los recursos humanos, no en los salarios precarios y la desigualdad como ocurrió en nuestro país en el periodo neoliberal.
Asimismo, los integrantes del Sindicato de Telefonistas reprobaron la represión que hay en contra de los medios de comunicación de Yucatán, tal el caso de Infolliteras.
Por ende, se exigió el gobierno del Estado y al Poder Judicial el respeto a la libertad de expresión y al acceso de la información, así como el cese a los ataques a comunicadores, y el detener el hostigamiento en contra de Eduardo Lliteras.
El hostigamiento judicial es uno de los mecanismos que emplea el Estado para amedrentar y obstaculizar la labor de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos. En las últimas semanas se han hecho públicos casos de hostigamiento judicial contra reporteros en Yucatán, por lo cual exigimos al Gobierno del Estado y al Poder Judicial del Estado respetar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, señalaron durante la marcha.
Estos hechos resultan alarmantes en tanto impiden a periodistas realizar su trabajo: el de fiscalizar al poder y denunciar el actuar de funcionarias, funcionarios, empresarias y empresarios, y mantener informada a la ciudadanía de asuntos de interés público, afirmaron.
Por otro lado, preocupa el caso particular del periodista Eduardo Lliteras, quien desde el 2019 ha acumulado dos denuncias penales y una demanda, por publicar notas relacionadas con el despojo de tierras ejidales y posibles actos de corrupción, señalaron.
Entre los participantes destacó Pablo Duarte Sánchez, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónoma (Unorca), quien destacó los problemas que prevalecen en el campo y advirtió sobre la crisis alimentaria que se avecina.
Al mismo tiempo, denunció la contaminación al manto freático ocasionada por las granjas porcícolas.
Por su parte, Pedro Quijano Uc aseveró que la mafia inmobiliaria ya se apoderó del 57 por ciento de los terrenos ejidales del Estado.
También hablaron los representantes del Sindicato del Poder Judicial, del Frente Campesino por la Vida y la Tierra; el Movimiento Hormiga; la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán; el Comité Nacional de Trabajadores de la Educación; la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), así como UADY sin Acoso, entre otras.
Los telefonistas afirmaron que luego de décadas en que surgieron numerosos movimientos sociales y políticos que buscaron construir, desde diversos frentes, alternativas contra las políticas neoliberales que multiplicaron las desigualdades sociales, fortalecieron la concentración del ingreso y que trajeron consigo tasas del crecimiento económico precario y una aguda crisis de derechos humanos, finalmente, millones de mexicanos se pronunciaron por un cambio pacífico en las elecciones, abriendo paso, con ello, a una inédita oportunidad para transformar económica, política y socialmente a nuestra nación.
Asimismo, señalaron que el proceso de cambio no ha sido fácil por las fuertes resistencias de los poderes de facto y de los intereses creados que se fortalecieron desmesuradamente durante más de treinta años de gobiernos neoliberales, muestra de ello es el reciente debate parlamentario acerca de la Reforma Constitucional para el Sector Eléctrico en donde se hizo notar el poder e influencia que aun preservan de las trasnacionales del sector.
También señalaron que la regulación asimétrica hasta hoy vigente, así como las resoluciones asumidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), obligan a Teléfonos de México a subsidiar a sus competidores y han dado lugar a la aplicación de una medida extrema e innecesaria denominada “Separación Funcional” con la consecuente afectación del equilibrio financiero de la empresa. El modelo de competencia resultante, inhibe la inversión en infraestructura y propicia la exclusión de 38.5 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Los telefonistas recordaron que el consorcio América Móvil, del que forma parte Teléfonos de México ha aprovechado esta circunstancia para segregar de la empresa los servicios más rentables sin importar el impacto negativo sobre la misma, en una operación que tiene como propósito el generar las condiciones para presionar al sindicato de manera que este acepte la reducción en los derechos de los futuros telefonistas, en especial el relativo a la jubilación.
Explicaron los telefonistas que se trata no solamente de recuperar el terreno perdido durante la pandemia, sino de sentar las bases para un modelo de desarrollo alternativo, sustentado en la nueva generación de derechos de los ciudadanos en ámbitos como la educación, la inclusión digital, el desarrollo científico, tecnológico y cultural o la alimentación como se dispone en diversas leyes y ordenamientos, entre los que destaca el artículo 6to. Constitucional que hace referencia a la participación de toda la población en los beneficios de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic´s).
Es por ello que, desde hace más de 3 años, iniciamos un proceso de lucha para combatir las resoluciones arbitrarias del IFT y del consorcio de América Móvil. En ese contexto, los telefonistas participamos ampliamente en el proceso de legitimación de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, efectuado en el mes de Diciembre del 2021, acreditando así nuestro respaldo a la reforma constitucional en materia de justicia laboral que contribuimos a construir junto a la UNT, así como a los derechos contenidos en el contrato y al proyecto sindical que, para la democratización del mundo del trabajo hemos impulsado desde 1976, añadieron.
