Redacción.- Propuesta Cívica, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras reprobamos el hostigamiento judicial en contra de los medios Riodoce y Quinto Elemento Lab. Asimismo, expresamos preocupación por los dichos de Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado de Sinaloa, con respecto a dicho proceso judicial. Cabe señalar que el reportaje afirma que los Arellano y Grupo ArHe “lavan dinero a través de Los Leones de Yucatán” entre otras empresas que operan en Mérida.
Acoso judicial: un mecanismo de censura en México
Los pasados 7 de enero y 2 de marzo del 2022, el medio Riodoce de Culiacán, Sinaloa, fue notificado de dos demandas por Daño moral, en contra del medio, algunos de sus integrantes y en contra del medio Quinto Elemento Lab. Los procesos legales surgen a raíz de las investigaciones periodísticas del 2021 tituladas «Los otros hermanos Arellano» y “Los Nexos de García Luna con Grupo ArHe“. En dichos reportajes se presentan avances y hallazgos de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre transacciones y vinculaciones familiares y políticas de un consorcio de empresas (principalmente dentro del grupo empresarial Grupo ArHe) fundado por Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández.
Estos procesos legales admitidos y tramitados por los Juzgados Primero y Quinto ambos en materia civil de Primera instancia del Distrito judicial de Culiacán, Sinaloa se traducen en un proceso de acoso judicial a través del cuál se busca censurar a la prensa abusando del poder público e iniciando procedimientos legales los cuáles tienen repercusiones económicas y legales para los medios de comunicación. Propuesta Cívica y ARTICLE 19 ya han alertado en la rueda de prensa El Acoso Judicial Un Mecanismo Para Agredir La Libertad De Prensa En México, sobre cómo personas servidoras públicas, actores políticos y empresarios, emplean mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de represión contra periodistas y medios de comunicación. Tan sólo en el primer semestre de este año ARTICLE 19 ha documentado 19 casos de hostigamiento judicial en contra de la prensa mexicana.
Como organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión en México, recordamos que el acoso judicial debe resolverse y analizarse a través de los estándares de malicia efectiva desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH). Precisamente la CrIDH estableció recientemente en el caso Moya Chacón v. Costa Rica que, aunque periodistas y medios sí tienen un deber de constatar de forma razonable la información que publican, en los casos de interés público no es exigible la completa veracidad de la información, sino que las publicaciones o investigaciones se realicen de buena fe y de acuerdo a los estándares mínimos de ética y profesionalidad en la búsqueda de la verdad.
En este sentido, la Corte Interamericana reitera que, en un proceso legal, exigir o regular de forma exhaustiva las diligencias realizadas por los periodistas antes de la publicación de información, al constituir un mecanismo de prevención previa sobre la actividad periodística, puede traducirse en un acto de censura. Desde el 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía que se ha incrementado la censura a través del hostigamiento a través de demandas penales o civiles.
Es importante destacar que en contextos de impunidad y opacidad – como el prevaleciente en México – la labor periodística no sustituye la labor de investigación de las autoridades ni está sujeta a los mismos estándares de prueba. Al contrario, gracias al periodismo de investigación se garantiza el derecho a saber de la sociedad en general, e incentiva que las propias autoridades realicen investigaciones que de otra manera no se verían orilladas a hacer.
Declaraciones del Gobernador de Sinaloa respecto al caso.
El pasado lunes 19 de septiembre Rubén Rocha Mora, gobernador de Sinaloa, en su “conferencia semanera”, llamó a grupo ArHe y a los hermanos Arellano a retirar las demandas, en aras de evitar mayor afectación al medio de comunicación. Sin embargo, el funcionario público desacreditó la investigación periodística de Riodoce y Quinto Elemento Lab, indicando que él había confirmado que no había lavado de dinero:
[…] yo ya fui y averigüé y lo verifiqué con la directora general de auditorías y me estuvo platicando qué es lo que están haciendo. […] estaba conmigo Enrique Diaz, oye le dije, tambien se dice que los Arellano son lavadores de dinero, y me dijo la directora general, que es Rosalinda López Hernández, nosotros no hemos encontrado que los Arellano laven dinero, ellos son muy buenos para planear el tema fiscal. Son adversarios nuestros, pero no nos consta en la revisión completa que hemos hecho que laven dinero. Así que es muy probable que esa demanda se la puedan ganar a Riodoce por lo que a mi me dijeron. Sin embargo les pido yo a los Arellano, que son una empresa privada en Sinaloa, que yo gobierno, retiren por favor la demanda contra el Riodoce.
Ante estas declaraciones las organizaciones firmantes manifestamos que no corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa determinar el resultado de una eventual investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o las autoridades de investigación en el ámbito penal. En todo caso, son las autoridades competentes las que pueden determinar la responsabilidad sobre posibles ilícitos penales, en concordancia con las garantías del debido proceso y previa investigación diligente, imparcial, objetiva, exhaustiva y profesional.
De la misma forma, tampoco corresponde al Gobernador calificar la veracidad o la calidad del trabajo periodístico de medios y periodistas dentro y fuera de Sinaloa. Además, consideramos que no es apropiado que el poder ejecutivo dé declaraciones públicas sobre investigaciones en curso y sus posibles consecuencias, ya que podría influir la labor del poder judicial.
Destacamos que los medios de comunicación y periodistas no tienen la obligación de prever el resultado final del actuar de las autoridades investigadoras, sino que, el periodismo de investigación busca recabar y difundir informaciones e ideas de interés público a la sociedad. El desprestigiar las investigaciones periodísticas que se realizaron en 2021 y que fueron motivo del acoso judicial de Grupo Arhe hacia Ríodoce y Quinto Elemento es contrario a los estándares de protección y respeto a libertad de expresión por parte de servidores públicos.
En vista de lo anterior Propuesta Cívica, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras respaldamos el trabajo y trayectoria profesional de Riodoce y Quinto Elemento Lab, condenamos el hostigamiento judicial del cual han sido víctimas y:
- Conminamos a Rubén Rocha Mora, gobernador del estado de Sinaloa, a abstenerse de utilizar un discurso público que descalifique a priori las investigaciones periodísticas de periodistas y medios de comunicación.
- Exigimos a los Juzgados Primero y Quinto civiles de primera instancia ubicados en Culiacán a que, en el ámbito de sus facultades, procuren la máxima diligencia y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en materia de malicia efectiva durante la secuela procesal de ambas demandas, incluyendo la pronta publicación del supuesto desistimiento promovido por la parte actora de ambas demandas.
- Hacemos un llamado a las autoridades, actores políticos y empresarios, a ejercer el derecho de réplica y abstenerse de presentar demandas por daño moral con la única intención de intimidar o reprimir la libertad de prensa en México.
- Hacemos el llamado a los mismos de públicamente reconocer la importancia de la libertad de prensa y de la labor periodística.
