“Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Solicito a la FGR que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”. Esto fue lo que declaró el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en su cuenta de Twitter tras la filtración del informe del Caso Ayotzinapa sin testar que fue publicado por la periodista Peniley Ramírez en el diario Reforma en el que se afirma que casi todos los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014. Afirma también que los 6 que quedaron vivos fueron ultimados por órdenes del coronel del Ejército Mexicano en retiro, José Rodríguez.
Lo que se sabe hasta ahora es que la periodista publicó este sábado en su columna “Linotipia” que se publica en dicho diario de la Ciudad de México parte de la investigación, reservada, del informe del Caso Ayotzinapa del que obtuvo una copia sin testar, es decir, sin cubrir las partes sensibles que forman parte de la investigación.
La publicación de información reservada -y que podría afectar el curso de la investigación y el castigo a los culpables- consta del análisis de los mensajes realizado por las autoridades y que se intercambiaron personajes claves en los hechos criminales en las horas anteriores y posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Entre los datos emerge que los cadáveres de los estudiantes fueron repartidos en diferentes puntos de Iguala: cinco de ellos fueron disueltos en ácido y que otros seis permanecieron vivos hasta el 30 de septiembre, ocultos en una bodega de Pueblo Viejo, una colonia en las afueras de Iguala. Aunque la Sedena recibió una denuncia ciudadana con su ubicación. No los rescató. Por el contrario.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) criticó la filtración del contenido del informe del Caso Ayotzinapa al considerar que revictimiza a las familias de los estudiantes y recordó que dicho documento continúa bajo análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sin embargo, recordó que ante las filtraciones “debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”; y llamó a acompañar a los padres en la marcha del próximo lunes 26 de septiembre.
Peniley Ramírez explicó en un hilo publicado en la red Twitter que hace unas semanas me buscó una fuente que tenía acceso al informe sin testar. Me dijo que en ese documento había nuevas pistas sobre el caso y que consideraba vital que se investigaran. Me compartió una copia del documento, sin testar. Lo leí. Luego hicimos varias entrevistas.
Explica que buena parte de ese informe está basada en el análisis de mensajes que se intercambiaron personajes claves en los hechos en las horas anteriores a la desaparición de los 43 estudiantes. Otros mensajes son de los días, semanas y meses después…
Asimismo, afirma que hay allí números identificados como que pertenecían a los criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familiares y militares. El informe reconstruye los hechos a partir de lo que esas personas hablaron por mensajes de texto y WhatsApp.
Afirma que el gobierno de Peña Nieto sostuvo que a la mayoría de los estudiantes los quemaron en el basurero de Cocula. En la narración del nuevo informe, dicen que tuvieron esa idea pero la desecharon. En cambio, descuartizaron a los estudiantes, sin la menor compasión, y los repartieron.
Señala que a partir de acá voy a compartir más mensajes. Son muy crueles, aberrantes y deshumanizantes. Los comparto porque considero que esto debe conocerse, como lo considera también mi fuente. Los padres de los normalistas ya han visto el informe sin testar, según mi fuente.
Peniley dice que otro criminal informa que le pidieron que disolviera 10 cuerpos en ácido pero no tenía material suficiente y solo lo hizo con cinco. El material son líquidos corrosivos que utilizan los criminales para desaparecer restos. Esta técnica fue muy usada por Los Zetas.
E insiste en que los restos de otros jóvenes fueron llevados al municipio de Huitzico, vecino de Iguala y otros a una mina en Carrizalillo. Desde 2014, la revista Proceso consignó que algunas pistas conducían a ese lugar.
Asimismo, dice que el 29 de septiembre, el número que identifican como de A1 (supuestamente, José Luis Abarca) dice que el gobierno de EPN inició una negociación. La defensa de Tomás Zerón me dijo que él nunca habló con Abarca antes de que fuera detenido y no negociaron nada.
Explica que el 30 de septiembre, seis de los jóvenes seguían vivos. Los tenían en una bodega en Pueblo Viejo, una colonia en las afueras de Iguala. Una persona a quien identifican como un militar anuncia después que “ya se encargaron de ellos”. La Sedena registró una denuncia sobre esto.
Ese día, dice mostrando capturas de pantalla de las conversaciones entre los criminales, que aumentan los mensajes anunciando que necesitan borrar evidencia y mover los restos, para que nadie los encontrara. Estos mensajes ocurrían al mismo tiempo cuando José Luis Abarca pedía licencia a su cargo como alcalde de Iguala. Después huyó, con su esposa.
A partir de este momento, los criminales comienzan a pelearse entre ellos. Hay mucha tensión en los mensajes. Uno informa al otro donde quedaron todos los restos a su cargo, para que los muevan, pero dice que él no lo hará. Luego comienzan a insultarse, añade la columnista de Reforma.
Y en medio de los insultos, dan más detalles sobre aquella noche oprobiosa. Uno de los criminales dice que eran “pobres estudiantes” y solo iban a darles “una calentada” (asustarlos). Este es uno de los poquísimos puntos en los mensajes en que alguien muestra algo de compasión.
Y luego, resumen lo que ocurrió después. La crueldad absoluta. La descripción de los asesinatos y los descuartizamientos.
Peneley dice que más de un mes después de los asesinatos, el 3 de noviembre de 2014, más mensajes siguen haciendo referencia al encubrimiento. Cuerpos que han movido de lugar, que los han reubicado para que no encuentren los restos.
Algunos mensajes sugieren que trasladaron algunos restos al interior del campo militar, el 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, porque “allí no entraba nadie” y después los habrían movido a otros puntos. Durante años, las familias trataron de entrar al campo militar.
De todo el horror de estas conversaciones, pocos me impactaron tanto como esta charla de alguien que identifican como familiar de Abarca. Cuenta a una amiga que dieron órdenes de asesinar a los jóvenes y remata diciendo “Total, me fui a acostar”. No pude localizarla, concluye su hilo.
