El Comité Ejecutivo de Técnicos y Profesionistas del INAH del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura dio a conocer “que se ha acordado detonar un Plan de Acción Nacional para exigir solución a las justas y legítimas demandas de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las cuales están contenidas en un Pliego Petitorio que ha sido entregado al presidente de la República y a las autoridades institucionales”.
Explicaron que han venido exigiendo a la Autoridad del Instituto que se atiendan y resuelvan diversos temas que están vinculados con la revisión de la capacidad institucional para atender el patrimonio cultural que tenemos en custodia y su conservación, con la restricción y/o empantanamiento en el otorgamiento de derechos y prestaciones de la base trabajadora y, recientemente con la denuncia de acoso y hostigamiento laboral en varios centros de trabajo, que se ha traducido en procedimientos administrativos injustificados en contra de trabajadoras y trabajadores, quienes han visto vulneradas sus garantías constitucionales e individuales.
Asimismo, recordaron que a partir de 17 de diciembre de 2015, el INAH dejó de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública donde se promovía enfáticamente el vínculo educación y cultura, como elementos indisolubles del sentido identitario de un proyecto de Nación y de las raíces del pueblo mexicano. A partir de esa fecha, el Instituto pasó a formar parte de la Secretaría de Cultura, a través de una iniciativa presidencial que buscaba priorizar la cultura y los derechos culturales como un eje de cohesión social y desarrollo del país.
Insistieron en que los trabajadores del sector cultura nos opusimos por considerar que no había bases sólidas para crear este ministerio número 18 de la Administración Pública Federal, y el tiempo nos dio la razón.
A partir de ese momento, añadieron, las instituciones de cultura que fueron trasladadas a la nueva Secretaría fueron afectadas, particularmente el INAH, porque se vio mermada su capacidad para el cumplimiento de sus encomiendas de ley, particularmente porque empezó a tener recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, principalmente en los primeros dos años de la transición administrativa, que pasaron de 3,905 millones de pesos asignados en 2015 a 3,262 millones de pesos etiquetados para 2017.
Este escenario, afirmaron, recrudeció la problemática institucional y laboral, puesto que la crisis económica que venía arrastrándose años atrás, se agravó al pasar a una dependencia que no tenía la suficiencia financiera para apoyar en el déficit presupuestal histórico institucional, como sí lo hizo durante las últimas cuatro décadas la Secretaría de Educación Pública.
