El diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) afirmó que la mejor forma de blindar la intromisión del crimen organizado con jueces, magistrados y ministros será con esta reforma; por ello, se propone un cambio crucial: modificar la forma de nominar a los jueces e incluir nuevos criterios para impartir justicia en México. La elección de ministros dará mayor independencia y abre de manera universal la oportunidad de aspirar a un cargo de la Judicatura, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad inducirá a los mejores candidatos.
Destacó que democratizar y respetar la autonomía del Poder Judicial no le resta atribuciones, sino lo fortalece. Este Poder seguirá como el resolutor de los conflictos y principal intérprete de las normas. No se tocarán los derechos laborales de los trabajadores, el personal de la Judicatura podrá permanecer en su cargo o aspirar a uno superior, y abrirá la oportunidad para que externos en Derecho puedan participar; se calificarán los mejores evaluados antes de la elección y después serán capacitados y también calificados.
Trata de destruir al Poder Judicial
Del PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández comentó que con cautela y en protesta participan porque se está desacatando una decisión judicial. Acción Nacional sí reconoce a las instituciones y hoy está aquí para defender a la democracia y a la República. La causa de esta reforma es la venganza al Poder Judicial que no se dobló. “El PAN votará en contra de esta reforma embustera y mal llamada reforma al Poder Judicial, que simula, finge y engaña a las y a los mexicanos al hacerles creer que van a elegir a alguien”.
Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández expresó que la reforma no está construida para beneficiar a las y los mexicanos, porque no toca en ningún momento el fortalecimiento de las policías locales y estatales ni de los ministerios públicos; únicamente trata de destruir al Poder Judicial que ha permanecido firme ante los embates de este gobierno. “Necesitamos un Poder Judicial fuerte. Estamos aquí las y los diputados de la República que defienden la Constitución”.
El Poder Judicial debe impartir justicia pronta y expedita
Por el PVEM, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis dijo que la tarea fundamental del Poder Judicial desde su concepción es impartir justicia de manera pronta y expedita, y el sistema de justicia juega un papel fundamental en la consolidación de un Estado democrático y de derecho; sin embargo, el que se tiene enfrenta desafíos que demandan cambios profundos y estructurales para mantenerlo alejado de intereses particulares.
Indicó que la reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo se fundamenta en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática. “Esta reforma propone garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los ciudadanos y, con ello, lograr que los derechos de cada persona, sin importar su condición social, económica o cultural sean protegidos y defendidos con equidad”.
El sistema de justicia actual no atiende necesidades del pueblo
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) dijo estar a favor del dictamen porque coincide en la democracia participativa y sostiene que el poder de elegir a los representantes está en el pueblo. El actual sistema de impartición de justicia fue heredado por un modelo que no atiende las necesidades del pueblo, se ha convertido en un privilegio para unos cuantos y hace que la justicia no sea pronta, expedita ni gratuita, “lo que violenta los derechos fundamentales de la población”.
También del PT, la diputada Irma Yordana Garay Loredo mencionó que la reforma emana de la voluntad popular y enseña las injusticias y desigualdades del sistema actual. Indicó que el año próximo las y los ciudadanos volverán a las urnas a ejercer el derecho de elegir a jueces, magistrados y ministros. “El PT siempre ha velado por los que menos tienen y lo seguirá haciendo para que llegue la anhelada justicia a los que menos tienen”.
Pone en riesgo el futuro democrático y el Estado de derecho
Del PRI, el diputado Yerico Abramo Masso aseguró que la reforma pone en riesgo el futuro democrático y el Estado de derecho, no resuelve el problema del acceso a la justicia y tiene consecuencias irreductibles para el sistema de procuración y administración de justicia, aunado a que no se preocupa por las víctimas, no da garantías de reparación del daño ni solventa la impunidad, que es del 94 por ciento según datos oficiales.
Cuestionó que se pretenda establecer la elección de jueces y magistrados, ya que es una propuesta “sin pies ni cabeza”, con un impacto presupuestal no medible, no explicable y no aplicable, que no está cuantificado para saber el costo para México de estas elecciones, ni un organismo jurídico claro, del gobierno o instituciones, que aclaren cómo sería este procedimiento.
Obstaculiza posibilidades para generaciones futuras
Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, diputado de MC, subrayó que los cambios que propone la reforma no resuelven un solo problema de justicia; al contrario, agrava los existentes y creará nuevos. “Es una reforma de ideas viejas y fracasadas que busca obstaculizar las posibilidades de las generaciones nuevas y futuras. En el dictamen no hay un solo apartado que impacte al ciudadano común y facilite su acceso a la justicia”.
Consideró que ahora la impartición de justicia saldrá a subasta y habrá un mercado para comprar jueces por consigna. Con esa reforma, agregó, tendremos jueces pensando en cómo ganar votos y no cómo impartir justicia; no aborda temas como los traductores de comunidades indígenas. “Es una mal llamada reforma judicial, porque la justicia no se imparte cuando se mezcla con grilla; al contrario, se mejora con propuestas serias y con la eliminación de los formalismos jurídicos excesivos”.
Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) indicó que se está ante un procedimiento absoluta y resueltamente ilegal ante juzgados de distrito. “Nosotros hemos impugnado esta sesión, pues las y los legisladores que ignoren las suspensiones pueden caer en responsabilidad, por lo tanto, en desacato”.
A su vez, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) expresó que en relación a las suspensiones que otorgaron anticonstitucionalmente unos jueces “no nos sometimos a esa jurisdicción; fue la primera decisión jurídica que tomamos en la Cámara de Diputados y, la segunda, la naturaleza de esas suspensiones ya se modificó antier. Ya inició el nuevo proceso y, por lo tanto, ya no es aplicable”.
Sergio Gil Rullán, diputado de MC, mencionó que este es un acto de ilegalidad. “Vamos a entrar a un debate sin saber quiénes estamos aquí, porque esta reforma constitucional requiere de dos terceras partes y saber a quién va a juzgar la historia. Dónde veremos los votos y ver quién sí y quién no votó. No avalamos otra ley que sea ilegal”.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, dijo que se recibe el documento que presentó el diputado Elías Lixa y ordenó que se publique íntegro en la Gaceta Parlamentaria para que sea público y de conocimiento.
