Miguel Magón.- El Senado de la República se encuentra en proceso de designar a 56 magistrados electorales en 30 estados del país. Sin embargo, entre los aspirantes figuran nombres de personas con antecedentes cuestionables como es el caso en Yucatán, de Hidalgo Victoria Maldonado, a quien se le achacan numerosas irregularidades durante su desempeño en el Iepac.
A pesar de ello busca ser magistrado electoral con el respaldo de la senadora morenista, Verónica Camino Farjat.
Hidalgo Victoria Maldonado arrastra denuncias por irregularidades durante su gestión en el (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac). Por ejemplo, junto con Bernardo José Cano González, director jurídico de la institución, favoreció ilegalmente a la empresa Proyectos Integrales de Red Voz y Datos S.A. de C.V., responsable del fallido Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep) en 2018.
Lejos de exigir la sanción correspondiente, Victoria Maldonado maniobró para evitar que la empresa fuera castigada y omitió gestionar el cobro de la garantía pactada en el contrato, lo que representó un daño patrimonial de casi 3 millones de pesos al Iepac. No solo eso, el organismo perdió el juicio contra la empresa y fue condenado a pagar más de dos millones de pesos adicionales, sumando a la crisis financiera de la institución.
Su injerencia en la operación del Prep no solo tuvo repercusiones económicas, sino que evidenció un esquema de corrupción que le permitió consolidar redes de poder dentro del aparato electoral.
De la corrupción a la manipulación electoral con Morena
A pesar de haber sido denunciado por corrupción, Victoria Maldonado no tardó en reciclarse dentro del aparato político. En menos de un año, tras su salida del Iepac, ya operaba como representante del partido Morena ante la Junta Local del INE en Yucatán. Su llegada al partido oficialista no fue casualidad: su historial de manipulación electoral lo convirtió en una pieza clave para los intereses de Morena en el estado.
Documentos oficiales revelan que, a través de un contrato con el Infonavit gestionado por el entonces Director General, Rogerio Castro Vázquez, Victoria Maldonado, recibió pagos mensuales de más de 60 mil pesos en 2022 por supuestos servicios profesionales. Sin embargo, en la práctica, su labor consistió en operar políticamente en contra de proyectos municipales y estatales, disfrazando su activismo como “lucha ciudadana”.
Uno de los episodios más recientes de su intervención fue el sabotaje al proyecto del Parque Tho en Mérida, donde manipuló a vecinos para frenar su construcción bajo argumentos ambiguos, ocultando que su verdadero interés era favorecer a Morena en la contienda electoral de 2024.
El respaldo de Verónica Camino Farjat
Observadores de la elección judicial afirman que es preocupante que un personaje con este historial aspire a ser magistrado electoral; pero lo es aún más que cuente con el respaldo de la senadora Verónica Camino Farjat. Camino Farjat, conocida por sus constantes cambios de partido por no hablar de su relación política con figuras políticas cuestionadas como Víctor Caballero Durán.
El intento de imponer a Hidalgo Victoria Maldonado como magistrado electoral no es más que una maniobra de Morena de blindar su estructura en Yucatán con personajes leales, sin importar sus antecedentes. De concretarse su nombramiento, se enviaría un mensaje de impunidad y degradación institucional en el proceso electoral del estado, señalan fuentes consultadas.
Un llamado a la transparencia y la legalidad
Ante este panorama, es urgente que el Senado de la República, en particular la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, actúen con responsabilidad y rechacen la candidatura de Hidalgo Victoria Maldonado. Su historial lo inhabilita moral y legalmente para ocupar un cargo de esta magnitud, aseguran.
El proceso de selección de magistrados electorales debe garantizar perfiles con integridad y compromiso con la democracia, no individuos cuyo paso por la administración pública ha estado marcado por el abuso de poder y la corrupción. La sociedad yucateca no merece que sus instituciones sean secuestradas por operadores políticos disfrazados de magistrados. Es momento de exigir justicia y evitar que este tipo de personajes continúen descomponiendo la vida pública del estado.
