Dzilam de Bravo y Dzidzantún son escenario, según denuncia de ejidatarios de la costa oriente de Yucatán, de despojo violento y destrucción de los ecosistemas costeros realizado por “empresarios” extranjeros uruguayos y fuereños que adquirieron la ex hacienda Mina de Oro ubicada en Dzidzantún.
Los ejidatarios de dichos municipios denunciaron los despojos violentos operados no sólo con grupos de golpeadores traídos de otros Estados sino a través de la corrupción de las instituciones federales encargadas de impartir justicia en temas de tierras y con la complicidad de autoridades locales y municipales.
La ex hacienda Mina de Oro, fue adquirida por la “empresaria” uruguaya Miriam de Jesús Álvarez Duarte en el pasado sexenio de Mauricio Vila Dosal. Posteriormente, al morir dicha persona, la propiedad pasó a manos de Ernesto Cuencamé Maurer Chemaly.
Según los ejidatarios, los propietarios de dicha hacienda realizaron una expansión ilegal de la ex hacienda a través de una rectificación de sus medidas luego de que se descubrió que debido a la erosión costera la ex hacienda había visto reducida su extensión. Para compensar dicha pérdida de límites se echó mano de una rectificación “ilegal” que se tradujo en una ampliación territorial del 40 por ciento de Mina de Oro.
El problema, es que la expansión territorial de los límites de la ex hacienda fue a costa de propiedades de la zona, ubicadas en el municipio de Dzilam de Bravo y echando mano de de individuos armados que han sido vistos en la zona así como de la deforestación costera, de la destrucción de humedales y manglares.
Asimismo, denuncian que existen reportes de denuncias de operaciones similares realizadas en Chetumal, Mérida y Motul, donde a través de la corrupción y de la violencia se despojan tierras a sus legítimos propietarios.
Cabe enfatizar que actualmente existe un litigio en curso por la legalidad de la rectificación, la que señalamos, es rechazada por los propietarios afectados de la zona, personas que han vivido toda la vida en Dzilam de Bravo y Dzidzantún.
Sin embargo, echando mano de la violencia y del uso de maquinaria pesada e individuos de otros Estados, el nuevo propietario ha iniciado trabajos en la zona, arrasando vegetación, ecosistemas costeros y apropiándose de propiedad privada en la zona.
De hecho, el objetivo es la construcción de desarrollos costeros, como un un club de playa de lujo, el que además ha sido ofertado en múltiples ocasiones, defraudando a los posibles compradores, según denuncian los lugareños.
Recientemente, llamó la atención que el gobernador Huacho Díaz Mena advirtió que no permitirá la impunidad a quienes destruyen el medio ambiente en Yucatán, durante una jornada de limpieza de playas. Asimismo, el gobernador ha sido enfático en señalar a empresas inmobiliarias que no respetan la ley en Yucatán.
