El Senado de la República aprobó la implementación de una nueva CURP con datos biométricos obligatorios y la creación de la plataforma Llave MX, con el argumento de agilizar trámites y servicios digitales. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten riesgos graves: ausencia de control judicial sobre la recolección de datos, falta de supervisión independiente y nulos contrapesos. El temor: abrir la puerta al autoritarismo digital en nombre de la eficiencia.
Con 63 votos a favor y 36 en contra, el Senado aprobó en lo general y lo particular la “Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos”, que contempla la “Llave Mx” para hacer trámites ante instituciones de gobierno a través de una CURP con datos biométricos.
Se reforma la Ley General de Población para hacer obligatorio que toda persona mexicana y todo extranjero que ingrese de manera regular al país cuente con una CURP asociada a sus datos biométricos.
Luis Fernando García, experto en la materia y abogado advierte que esto le permitirá al gobierno contar una base de datos centralizada, masiva y actualizada de datos biométricos de todas las personas mexicanas o extranjeras que hayan ingresado legalmente al país. Los riesgos de vulneración y abuso son enormes y potencialmente permanentes.
Y añade: También se establece que “Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios.” Para todo te van a pedir la CURP. De todo quedará registro: Que te pidan la CURP para todo, desde un trámite de gobierno hasta cualquier servicio comercial sin distinción, genera un registro de la actividad de todas las personas. Todo lo que compras, todo lo que haces, en dónde, cuando y cruzar esa información.
Además, por si fuera poco, el Sistema Nacional de Inteligencia, interconectado al Sistema Nacional de Información fusionará todas las bases de datos, incluyendo datos biométricos, datos y registros telefónicos, fiscales y muchos más, dice Luis Fernando García.
Asimismo, dice Luis Fernando García, escondido en reformas de la Guardia Nacional, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para darle al Ejército, (no solo a la Guardia Nacional) facultades de inteligencia amplias que antes no tenía.
La legalización del espionaje militar es confesión de que la “inteligencia militar” ha operado en la ilegalidad todo este tiempo. Incluyendo el espionaje ilegal con Pegasus en contra de periodistas, defensores de DH y hasta funcionarios como documentó RD3 en su reporte Ejército Espía.
En pocas palabras, concluye Luis Fernando García: No hay control judicial para el acceso a datos biométricos, ni para la consulta del registro de usuarios de telefonía, ni para la Plataforma Única de Identidad, ni para los sistemas de información e inteligencia. Serás vigilado y nadie se enterará de que ha sucedido: Esto es muy grave dado que se prevé que el acceso a mucha de esta información sea posible por parte de autoridades estatales y hasta municipales, frecuentemente coludidas con la delincuencia. Estas reformas no tienen que ver con seguridad, tienen que ver con control.
