Más de 150 comunidades y miles de familias en una franja de hasta 120 km viven en incertidumbre jurídica, sin acceso pleno a servicios básicos de salud, agua y educación así como bajo la amenaza de la depredación de grupos delictivos que operan en la península y que ambicionan sus recursos naturales debido a la disputa territorial entre Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Dicho conflicto esconde las ambiciones predatorias de grupos políticos, empresariales y criminales que tienen en la mira por ejemplo a Punta Laguna. Los ojos están puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que deberá definir los límites territoriales, abriendo la puerta a intereses que desde Quintana Roo presionan desde hace décadas 10 mil km² con Campeche y Yucatán, casi el 20% de su territorio. Quintana Roo sostiene una coordenada basada en decretos de 1922, mientras que Campeche y Yucatán defienden otra.
En Quintana Roo se soban las manos ya que afirman Punta Laguna, Hidalgo y Cortés ya recibieron un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como comunidades integrantes del municipio de Playa del Carmen. De hecho, Campamento Hidalgo y Punta Laguna están inscritas actualmente en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, elaborado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organismo que ha realizado reuniones directas con representantes comunitarios en esa zona.
El Punto Put es el vértice geográfico de intersección entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo, situado en la selva maya y tiene el nombre de una hacienda ya desaparecida que operaba en la zona: corresponde a un monolito de concreto con forma piramidal colocado en 1922 sobre las ruinas de una antigua hacienda denominada Rancho Put.
El proyecto de resolución será presentado por María Estela Ríos González.
