Redacción.- Ayer un grupo de periodistas presentó una iniciativa para derogar delitos contra el honor del Código Penal de Yucatán, tema que se ha venido solicitando de forma reiterada a los legisladores y que no ha encontrado eco hasta ahora en el congreso yucateco entre ninguna fracción legislativa. Asimismo, Infolliteras.com y otros medios de comunicación hemos hecho énfasis de la necesidad de realizar reformas a las demandas civiles con la justificación de daño moral ya que son utilizadas por actores políticos y sus operadores para censurar y acosar judicialmente a periodistas en el estado.
Los periodistas que ayer entregaron el documento en la oficialía de partes del legislativo estatal señalaron el contexto de precariedad laboral, abusos laborales, hostigamiento judicial y violencias que enfrentan las y los periodistas en Yucatán y México.
Dieron a conocer que surge el “colectivo Somos Periodistas con el objetivo de defender la libertad de expresión y los derechos humanos de periodistas, trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación”.
La primera exigencia del colectivo es no a la censura penal. Por ello, quienes lo integran, así como trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación entregaron de manera formal a las 25 diputadas y diputados del Congreso del Estado una iniciativa de ley para derogar los delitos contra el honor del Código Penal de Yucatán: la difamación, la injuria, la calumnia y el chantaje.
Sin embargo, como hemos insistido en Infolliteras.com, en Estados Unidos se ha acuñado el acrónimo SLAP (Strategic Lawsuits Against Public participation o Demandas Estratégicas contra la Participación Pública en español) para definir el uso de demandas civiles por daño moral contra periodistas y activistas, entre otros.
Según activistas de la plataforma Protect the Protest, una SLAPP se diferencia de una demanda ordinaria porque afecta formas de libertad de expresión, explota una desigualdad de poder a su favor, amenaza con llevar al acusado a la bancarrota, intenta prolongar el juicio tanto como sea posible, generalmente es parte de una estrategia de comunicación más amplia que tiene como objetivo denigrar a los críticos, y sigue un procedimiento serial de intimidación, ya que generalmente el denunciante tiene alguna experiencia a sus espaldas en el uso o amenaza de un SLAPP para silenciar a quienes lo critican.
La realidad es que las SLAPP obligan a periodistas, activistas y denunciantes a guardar silencio sobre hechos de interés público. Según el dossier, las SLAPP, también denominadas “denuncias mordaza”, constituyen una verdadera injerencia en el derecho de los ciudadanos a estar informados y expresar libremente sus pensamientos. El objetivo declarado de quienes realizan acciones temerarias contra periodistas y activistas que se ocupan, por ejemplo, de corrupción, abuso de poder y temas ambientales es silenciarlos. Se trata de una amenaza al derecho a la libertad de expresión y al derecho a informar, puntualiza el dossier.
Como se recordará, en febrero de este mismo año presentaron a la Mesa Directiva y a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo una solicitud formal firmada por más de 100 periodistas, activistas y asociaciones civiles para exigir la elaboración de una reforma que elimine el delito de difamación en la entidad. Esto con el fin de evitar actos que inhiban el trabajo periodístico y al derecho a la libertad de expresión.
Lamentablemente, pasaron nueve meses desde dicha solicitud y hasta el momento no se ha dado a conocer algún proyecto de dictamen.
Ante esa situación, el colectivo Somos Periodistas solicitó el apoyo jurídico de la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) para elaborar una propuesta de reforma.
No se trata de un tema menor, pues el colectivo documentó 16 casos de periodistas y medios de comunicación denunciados por la vía penal y demandados por la vía civil, con la única intención de callar voces, de censurarlos. La realidad es que la vía civil es utilizada al igual que vía penal para censurar a los periodistas ya que se dan entrada a demandas por el simple hecho de publicar información relativa a actores políticos y sus operadores en diversos ámbitos como el despojo de tierras en Yucatán.
Como se ha mencionado en múltiples ocasiones, desde el 2007 el Congreso de la Unión derogó los delitos contra el honor del Código Penal Federal, en cumplimiento a recomendaciones formuladas por organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, Yucatán es de los pocos estados que no ha homologado sus normativas, lo que vulnera la labor periodística.
Las y los integrantes del colectivo Somos Periodistas confían que esta vez la petición sí sea tomada en cuenta por las y los legisladores, y que hagan suya esta propuesta de dictamen para acabar con la censura penal en nuestra entidad.
También solicitaron a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública una reunión para explicar la importancia de analizarla, discutirla y aprobarla.
