El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), hizo un llamado a los congresos locales a aprobar la minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, conocida como “3 de 3 contra la violencia”.
La diputada Alavez Ruiz explicó que se tienen los acuses de que todos los congresos estatales están notificados de esta comunicación que se hizo del proyecto de decreto. Detalló que para que pueda entrar en vigor esta disposición en el siguiente periodo electoral, se debe contar con la aprobación de mínimo 17 congresos locales a más tardar la primera semana de junio.
“El llamado es a quienes están actualmente en periodos de sesiones, a que antes de que venza el plazo para hacer adecuaciones a las reglas electorales que deben ser publicadas a más tardar nueve días antes de iniciar el periodo electoral para el cual se pretenda aplicar”, externó.
También “queremos agradecer que ya se aprobó en nueve congresos locales”, que son los de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima.
Recordó que esta reforma es para que las mujeres tengan la garantía de que ningún violentador pueda acceder al poder, ya que el artículo 38 de la Constitución Política establece que quien tenga una sentencia firme por violencia política en razón de género, violencia doméstica, violencia familiar y sea moroso en la pensión alimentaria, no podrá acceder a un cargo de elección popular o al servicio público en general.
A su vez, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) sostuvo que la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” es de enorme trascendencia para la vida política del país, es sustentada por todos los grupos parlamentarios y aprobada en sus términos en ambas cámaras del Congreso.
“Requerimos que antes de que termine el mes de mayo, 17 congresos estatales, al menos, hayan ya ratificado esta minuta y nuestro reconocimiento a los que ya lo han hecho”, enfatizó.
En tanto, la diputada Gabriela Sodi (PRD) agradeció a los nueve congresos que dieron el sí a la reforma, y convocó al resto a aprobar ésta para que pueda entrar en vigor y así poder limpiar los apartados políticos y representaciones populares.
La diputada María Clemente García Moreno (Morena) pidió a los Congresos de los estados ejercer esta “contraloría social”, y que sus legisladores agilicen este procedimiento. Sugirió que en la “3 de 3” se incluya también a aquéllos que hayan discriminado y no puedan estar en un espacio de diálogo como el Congreso y no esperar a que lo diga el Tribunal Electoral.
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, agradeció al Grupo Plural el seguimiento que ha dado para que en los congresos locales se apruebe esta iniciativa. Consideró que “no ha sido fácil, pero creemos que van a estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios en esta importante iniciativa que salió de la Cámara de Diputados y esperamos que lo más pronto posible todos los congresos estén armonizados con esta ley”.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) felicitó a todas “las diputadas que desde sus estados vienen impulsando esta iniciativa para que se apruebe y sea una realidad latente para que los derechos se puedan palpar”.
Del PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo informó que el día de hoy se presentará en el Congreso de Nuevo León con todas las fuerzas políticas a fin de impulsar esta propuesta y sea aprobada cuanto antes. En unidad se pueden lograr muchas cosas en favor de las mujeres”.
Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez resaltó que algunos partidos políticos están modificando sus normas, estatutos y reglamentos internos a fin de salvaguardar el derecho a la igualdad sustantiva y paridad que tienen las mujeres en función de que ninguna persona violentadora acceda al poder o a cargos de representación.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) destacó la importancia de esta reforma para que las personas que violentan o no son capaces de hacerse cargo de sus responsabilidades familiares no puedan ocupar un cargo de elección popular o de designación porque “sabemos que no son capaces de generar políticas públicas de protección a las mujeres”.
