La práctica de criminalizar el trabajo periodístico se está convirtiendo en una plaga en España, y también en México, donde además los periodistas afrontamos un clima creciente de inseguridad, amenazas, presiones, cuando no de agresiones mortales.
A continuación presentamos dos casos que tienen que ver con España: El 5 de noviembre de 2022, dos jóvenes activistas españolas del colectivo ecologista Futuro Vegetal realizaron una protesta en el Museo del Prado, en Madrid, pegando sus manos a los marcos de los cuadros de ‘La maja desnuda’ y ‘La maja vestida’, en señal de protesta por la emergencia climática global, según dijeron. Las dos periodistas que cubrieron la acción, una de ellas, Joanna Giménez i Garcia, colaboradora del diario español El Salto, fue detenida por la Policía Nacional española y acusada por tres delitos: daños, daños contra el patrimonio histórico y alteración del orden. Un año y medio después, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha propuesto el sobreseimiento y el archivo de la causa contra las dos periodistas.
Lo que hicieron las dos activistas de Futuro Vegetal fue pegar sus manos a los marcos de la Maja desnuda y la Maja vestida de Goya y dibujaron en la pared un 1,5º, en referencia al calentamiento global. Las pinturas no sufrieron desperfectos y las dos personas activistas, que emitieron un discurso alertando sobre la emergencia climática, fueron detenidas justo después de los hechos, en el mismo museo. En el caso de las periodistas, fueron identificadas después de acabar la acción pero pudieron abandonar el museo con normalidad. Pero posteriormente fueron citadas en calidad de testigos y después como imputadas. Y detenidas y encerradas en un calabozo por tres días.
Un año y medio después, el Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid propuso el sobreseimiento y el archivo de la causa contra las dos periodistas.
La periodista Giménez García se reivindicó como damnificada de un procedimiento “completamente injustificado” que, a su juicio, tuvo la intención de disuadir a otros profesionales de documentar actos de desobediencia civil.
Al respecto, la “Unió de Periodistes y Reporteros Sin Fronteras” manifestaron su preocupación por las implicaciones que tiene para el ejercicio profesional la detención de las informadoras.
“Detener a dos periodistas por fotografiar una protesta junto a dos Goyas en el Museo del Prado es una medida totalmente desproporcionada. Deben quedar ya en libertad y que prevalezca el derecho a la información frente a la prohibición de hacer fotos en el museo”, dijo por su parte la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) en su cuenta de Ttwitter.
Asimismo, el periódico “elsaltodiario.com”, publicó un artículo que “condenaba la inaceptable detención de las periodistas que cubrieron la protesta en el Prado”; en el mismo agregaba que las dos periodistas detenidas estaban cubriendo la protesta que se estaba registrando en el Museo del Prado para ese medio. Dos años después, Fiscalía española dijo la siguiente: “no consta ni siquiera indiciariamente participación alguna de estas investigadas en los hechos, y tampoco consta que realizaran acto alguno de causación de los daños, ni que realizaran algún acto no ejecutivo del delito de cooperación al mismo, que pudiera implicar una participación por cooperación necesaria o complicidad, ni en el suministro de material, ni en la aportación de información, ni de ningún otro modo”.
PABLO, SIGUE DETENIDO EN POLONIA
Hemos dado seguimiento a la detención del periodista vasco, Pablo González, quien cumple 716 días secuestrado en Polonia con la absoluta complicidad del gobierno español, y el silencio de los medios en España. Pablo se enfrenta a 10 años de prisión. No puede ver a sus hijos. Su pareja Ohiane pide mantener la presión social cada día.
Pablo es un veterano periodista de guerra. Se encontraba en Ucrania realizando una cobertura periodística de la guerra con Rusia y fue detenido en territorio polaco por los servicios secretos de ese país de la Unión Europea.
La International Human Rights Foundation (IHRF) expresa “su profunda preocupación respecto a la situación del periodista ruso-español, señor Pablo González, quien actualmente se encuentra en detención preventiva en la cárcel de Radom, en Polonia. Según las declaraciones proporcionadas por su esposa, la señora Oihana Goiriena, el señor Pablo González ha estado sometido a condiciones que rozan lo inhumano, incluyendo el aislamiento y la semi-incomunicación, lo cual vulnera gravemente los principios fundamentales de humanidad y dignidad que deben regir el trato de toda persona privada de libertad, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos”.
Asimismo, afirma que “la prolongada detención preventiva del señor Pablo González, extendida arbitrariamente cada tres meses durante dos años sin presentación de cargos formales, acusaciones específicas o evidencia concreta que justifique tales medidas, constituye una flagrante violación al derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, pilares fundamentales del estado de derecho reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales pertinentes. La falta de acceso de sus abogados a la totalidad de las actuaciones de la fiscalía agrava aún más esta situación, impidiendo una defensa adecuada y efectiva, lo que socava el derecho a la defensa y el debido proceso legal”.
