El gobierno del Estado afirmó, a través de un comunicado, que “es ajeno al conflicto legal entre empresarios yucatecos por la posesión de un inmueble ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá” (Hotel Mayaland) luego de que un medio de la Ciudad de México (Milenio, con el conductor Alejandro Domínguez) diera a conocer que hay denuncias contra el ejecutivo yucateco y la fiscalía estatal por dicho caso del que hemos publicado desde 2020 notas del litigio entablado entre la empresa R4 (de la que es accionista Rodolfo Rosas Moya) y Fernando Eugenio Barbachano.
En efecto. Como dimos a conocer en 2020, los apoderados legales de Rosas Moya afirmaron en 2020 que Barbachano le debe dinero luego de que éste le vendió el complejo hotelero Mayaland “y de haber recibido un anticipo de 4.5 millones de dólares, incumpliendo la entrega del inmueble, ya que se echó para atrás y desalojó y despojó a Rosas Moya acusándolo de incumplimiento de contrato”.
Fue en 2020, cuando Barbachano vendió a R4, el complejo hotelero Mayaland, en la cantidad de 10 millones de dólares en medio de la crisis turística por la pandemia del virus del COVID 19, lo que parece haber influido de manera determinante en la venta así como el giro político en la presidencia del país. En realidad no hay nada nuevo desde que en esa fecha salió a la luz pública dicho litigio: la posesión del hotel se encuentra en manos de un interventor con cargo a caja, designado por la empresa R4, y que son los tenedores del crédito a través del cual se embargó el predio.
Además, el conflicto legal se encuentra bajo el análisis de las autoridades locales para los efectos de un aseguramiento –llevado a cabo hace dos años- bajo el cargo del interventor con cargo a caja, y ellos son los que tienen el control del Hotel Mayaland hasta que no se resuelva el fondo, conforme a derecho.
Aquí cabe señalar que llama la atención que el tema salga de nuevo a la opinión pública en medio de la transición del gobierno estatal -con la salida del gobernador Mauricio Vila Dosal y la llegada del gobernador electo, Joaquín Díaz Mena- lo que parece no es una casualidad, sino con todo el propósito de meter en la agenda del nuevo ejecutivo yucateco el conflicto desde la perspectiva de una de las partes.
El contrato de promesa de compraventa estipulaba 12 millones por la venta del hotel; de los cuales, 4.5 millones fueron cobrados y 1.5 que no quiso cobrar, según los apoderados de R4 -ya que posteriormente Barbachano tenía que figurar-, quedando un saldo de 6 millones pagaderos en un plazo de 24 mensualidades incluida una garantía de arras de 500 mil dólares, al momento de la formalización en escritura pública, con la salvedad que los últimos dos pagos tendrían que ser transferidos a la cuenta bancaria que en forma posterior fuera designada por Fernando Eugenio Barbachano, quien acusó que no se le entregó el segundo pago, a pesar de que según Rosas Moya acudió al domicilio designado por el primero, con notario de por medio, a entregar el cheque del segundo pago. Mismo que no fue recibido, según dijo.
Asimismo, Fernando Barbachano acusa de que hay mano negra y que la justicia está a favor de Rosas Moya en Yucatán, sin embargo, cabe señalar que judicialmente el caso se originó en Quintana Roo -porque allí estaban ubicados los domicilios designados por el vendedor- y posteriormente pasa a Yucatán precisamente por petición de Barbachano.
Al respecto, el gobierno estatal afirma en el comunicado citado al inicio de la nota que “el caso referido se origina en negocios que de manera libre y voluntaria decidieron entablar entre particulares”.
Y añade que “las diferencias jurídicas que han surgido de esta relación entre particulares las han dirimido autoridades judiciales autónomas y ajenas el Ejecutivo del Estado de Yucatán.
“El Poder Ejecutivo de Yucatán ha actuado y actuará siempre conforme a la ley y hace un llamado a los particulares que tengan diferencias a que igual sigan los procedimientos jurídicos establecidos”, asegura el ejecutivo yucateco.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Yucatán también en un comunicado dijo que “La Fiscalía General del Estado ha actuado y actuará siempre conforme a la ley en todos los casos de su competencia incluido en la nota periodística difundida el pasado jueves 20 de junio”, es decir, en Milenio.
Asimismo, la Fiscalía yucateca dice que “cabe aclarar que las actuaciones del caso que ha desplegado la Fiscalía fueron realizadas en solicitud de colaboración pedida por su homóloga de Quintana Roo”.
La fiscalía estatal explica que “dicha institución declinó competencia hacia esta Fiscalía de Yucatán el pasado mes de abril del año en curso encontrándose el Ministerio Público en estudio de las constancias recibidas en torno al caso”.
La fiscalía yucateca dice que “Estos hechos han sido objeto de estudio de diversas autoridades federales.
“Esta Fiscalía General de Yucatán refrenda su compromiso para continuar con un trabajo serio y profesional, actuando con total apego a la normatividad vigente en éste y todos los casos”.
Por último, cabe señalar que ambas partes se acusan de irrupción violenta en el hotel con golpeadores a sueldo, armados con armas blancas.
Según la empresa R4, el vendedor dio orden a sus guardias de seguridad de que lo desalojaran del hotel, que ya se encontraba bajo la posesión y operación de Rodolfo Rosas Moya. Y lo despojaron del mismo y lo echaron fuera. Tras éstos hechos, Rosas Moya denunció ante la Fiscalía de Quintana Roo.
Y como dio a conocer la revista Forbes en 2020, dicha “denuncia penal se desahogó mediante exhorto No. 18/2022, derivado de una carpeta de investigación realzada por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, lugar donde se cometió el fraude y en la cual después de valorarse los hechos denunciados se ordenó el aseguramiento de la propiedad de la cual había sido despojado Rosas Moya, así como también el embargo de la negociación mercantil y el inmueble ordenado por el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial de Merida, Yucatán, con numero de expediente 00877/2021 con el cual se finco una interventoría judicial de la propiedad del hotel Mayaland”.
Al respecto, el Diario de Yucatán publicó la versión de Barbachano:
