El coordinador de la Fracción Legislativa y presidente del PRI en Yucatán, Gaspar Quintal Parra, declaró que las diputadas y los diputados podrán estar de acuerdo o no con la elección de jueces y magistrados, pero debido a que el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de Reforma Constitucional del Poder Judicial, están obligados a legislar en la materia a nivel local.
Al discutirse esa propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso yucateco, el legislador manifestó que desde la óptica del PRI, la práctica de elegir por medio del voto popular a los juzgadores está obsoleta desde hace más de 100 años.
“Se eliminó de la Constitución de 1918 a propuesta del General Salvador Alvarado, por considerar que por medio de ese método los jueces le servían a los intereses de los partidos políticos y no se lograba una mejor impartición de justicia”, explicó.
Sin embargo, Gaspar Quintal reconoció que por mandato constitucional, el Poder Legislativo yucateco tiene que realizar las modificaciones necesarias para homologar la Reforma a nivel estatal, teniendo como plazo el 15 de marzo, de lo contrario, estaría cometiendo omisión legislativa y se podría promover una Controversia Constitucional.
Por tal razón, aclaró el dirigente priista, el Congreso de Yucatán se encuentra obligado a recoger cuando menos las bases y principios de la Reforma, pudiendo legislar en el marco de la libertad configurativa, sin exceder o variar los límites impuestos por la misma, siguiendo los parámetros establecidos.
En ese sentido, recordó que tienen que garantizar la independencia de las personas juzgadoras; establecer las condiciones legales para la elección por voto directo; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial; y que la convocatoria de la elección judicial estatal la realice el Congreso del Estado.
De igual manera, establecer en el marco normativo local, que las personas juzgadoras electas durarán nueve años en su encargo y que la renovación de la totalidad de los jueces y magistrados locales deberá concluir en la elección federal ordinaria de 2027, entre otras.
Pero sobre todo, enfatizó, que se respeten los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de Yucatán.
