Foto: Archivo.- Luego de que el Restaurante Sonora Grill, a través de un boletín enviado a algunas redacciones, dio a conocer presunta extorsión por parte de funcionarios estatales, el Gobierno del Estado de Yucatán informó que se mantendrá atento a las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado sobre el caso. En efecto. Circula desde hace días el supuesto cierre arbitrario al restaurante Sonora Grill y de la presunta exigencia de $520 mil pesos y un pago mensual para “protección”.
El restaurante Sonora Grill denunció a funcionarios del Gobierno de Yucatán por supuesta extorsión a través de boletín enviado a algunos medios en Yucatán -no a Infolliteras.com- en el que se afirmaba que dicha empresa denunció ante la Fiscalía General del Estado que funcionarios de la Dirección de Riesgos Sanitarios le habrían impuesto una multa de $300,000 pesos; además de exigirles una dádiva de $200,000 en efectivo y una cuota mensual de $30,000 pesos.
Todo esto, a cambio, supuestamente, de quitar los sellos de clausura impuestos el 12 de septiembre.
En la denuncia enviada a algunos medios describe cómo se citó presuntamente al gerente del restaurante, a quien le habrían quitado los teléfonos celulares para que no grabara la conversación; además, se le habría advertido que si no aceptaba, el proceso se alargaría indefinidamente para mantener el negocio cerrado.
En el documento se señalan directamente a varios funcionarios públicos estatales. También afirma que las amenazas se cumplieron y que al restaurante le fue impuesta de manera formal una de las multas más altas en la región por más de $490,000 pesos, la cual Sonora Grill decidió pagar de manera legal y transparente, según dicen.
Al respecto, el gobierno estatal, a través de un comunicado, dice que luego de las denuncias presentadas contra servidores públicos de la Secretaría de Salud por presuntos actos de corrupción se mantiene atento a lo que investigue la Fiscalía y que “la instrucción es clara: en el Gobierno del Renacimiento Maya no hay cabida para la corrupción ni para las prácticas que atenten contra la confianza ciudadana y el desarrollo de las actividades productivas de nuestro estado”.
Asimismo, el comunicado citado dice que “el Gobierno del Estado hace un llamado a los negocios, empresas y establecimientos mercantiles a cumplir con la normatividad vigente en materia sanitaria y administrativa, pues la transparencia y la legalidad van de la mano con el cumplimiento de las leyes que garantizan la seguridad y el bienestar de la población”.
“El Gobierno de Yucatán reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y reafirma que dará puntual seguimiento a este caso hasta que se esclarezca en su totalidad, siempre actuando en apego a la ley. Nuestro deber es proteger el interés público, respaldar a las y los yucatecos, y asegurar que las instituciones respondan siempre con honestidad, legalidad y respeto a la sociedad”.
De tal manera el gobierno estatal así se posicionó sobre la presunta red de extorsión encabezada por el subsecretario de Protección contra Riesgos Sanitarios, Adrián Puch Cardeña, y 4 de sus inspectores.
