La Comisión Internacional de Personas Desaparecidas pide “voluntad política, rigor científico y compromiso con familias”, así como apostar por un sistema de datos seguro, centralizado e integrado luego de que por primera vez en su historia la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activara el Artículo 34 en contra de México por posible práctica generalizada y sistemática de desapariciones forzadas en días pasados. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU encontró indicios de que las desapariciones forzadas en México se cometen de forma “generalizada y sistemática”, con más de 134,000 personas desaparecidas, miles de fosas clandestinas y cuerpos sin identificar.
La ONU advirtió que México es el país con más personas desaparecidas en tiempos de paz. Hoy el Registro Nacional reconoce más de 133 mil desaparecidos, una cifra que supera a países en guerra como Ucrania (60 mil) o Palestina (7 mil).
El gobierno de México por su parte rechazó las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), en el sentido de que existen “indicios de que en el país esa práctica es generalizada y sistemática”.
La posición se dio en respuesta a las declaraciones que realizó el martes pasado durante la 20 sesión plenaria de la tercera comisión de la Asamblea General realizada ayer en Nueva York el relator del CED, Juan Pablo Albán, quien presentó su informe anual de actividades y dio cuenta sobre el inicio en abril pasado de la aplicación a México del mecanismo para investigar esa práctica, conforme al artículo 34 de la Convenció en la materia.
La postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) va en sintonía con la contestación que el mismo martes hizo ante la plenaria el representante permanente de México ante la ONU, embajador Héctor Vasconcelos, quien reafirmó el compromiso del país con el diálogo y la cooperación, y subrayó que el mecanismo del artículo 34 “debe reservarse a situaciones excepcionales”.
La cancillería sostuvo que la desaparición de personas “es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.
Si bien, agregó, México es un país abierto al escrutinio internacional, “las afirmaciones emitidas por el CED carecen de sustento y no son admisibles”. Planteó que en procedimiento contemplado en el artículo 34 “debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención”.
Es de recordar que al presentar su respuesta oficial al CED, hace dos semanas, la SRE pidió que ésta se mantuviera en secrecía.
Asimismo, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) condena enérgicamente la postura de negación y minimización expresada por el Estado Mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, durante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU este 21 de octubre de 2025.
Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional. Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobre-documentada, que se refleja en que México concentra el 35 por ciento del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales.
En México, este fenómeno es una realidad alarmante que lastima a miles de familias y exige la máxima seriedad y cooperación, por lo que rechazamos la descalificación oficial que el Gobierno de México hizo de la decisión del CED de activar el procedimiento del Artículo 34.
Exigimos al Estado Mexicano que tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada y cese cualquier retórica o acción que busque desvirtuar o minimizar la crisis de personas desaparecidas. El Estado debe poner fin a las demoras, omisiones, y especialmente a la obstrucción por parte de agentes en la recepción de denuncias o incorporación de pruebas. Asimismo, demandamos que se investiguen y sancionen los documentados intentos de obstaculización de la búsqueda de personas a través de actos de corrupción, y que se fortalezcan las medidas de protección contra las amenazas que enfrentan familias y defensores de derechos humanos.
Nuestra organización, MUCD dice que se suma a las voces que respaldan este procedimiento internacional. Es imperativo garantizar el respeto irrestricto a las familias de personas desaparecidas y asegurarles el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, lo que incluye la participación efectiva y el acceso pleno a los expedientes en los procesos de búsqueda e investigación.
Finalmente, añade, urgimos a que se fortalezcan de manera sustancial e inmediata las capacidades de búsqueda de personas desaparecidas con estrategias integrales, y que se impulsen y fortalezcan las capacidades institucionales de análisis forense, incluyendo la dotación de recursos y personal pericial especializado, para revertir el rezago en la identificación de restos. Ante esto último, reconocemos que el pasado 2 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Acuerdo 02/LI/2025 para la búsqueda de personas desaparecidas, que incluye el incremento de capacidades institucionales de investigación, búsqueda de personas, gestión forense y armonización legislativa. Por lo que urgimos a todas las autoridades estatales y federales integrantes de este Consejo a cumplir prioritaria y cabalmente este acuerdo. La dignidad de las víctimas y el dolor de sus familias deben ser una brújula para la acción del Estado Mexicano.
