La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que clausuró un predio ubicado en el municipio de Kinchil, Yucatán, debido a la remoción ilegal de vegetación forestal en una superficie de 56,814 m², para destinarla al manejo y almacenamiento de gallinaza (abono), así como a otras actividades no permitidas en suelo forestal. Aunque la Profepa clausuró, no dio a conocer oficialmente que se trata de un terreno utilizado por la empresa Crio para almacenar desechos de sus granjas de gallinas en Yucatán. Cabe señalar que en Kinchil hay numerosos predios utilizados de forma ilegal como tiraderos de excrementos de las empresas avícolas Crío y Bachoco en la selva cercana a Kinchil, Yucatán.
Según dio a conocer la Profepa, durante una visita de inspección en materia forestal, realizada el pasado 21 de diciembre, personal de la Profepa constató la apertura de caminos de acceso, la remoción de vegetación natural y el uso del predio para la descarga de excremento de pollo, conocido como gallinaza, sobre suelo natural. Estas acciones representan un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente.
En el sitio se identificaron diversas áreas afectadas, entre ellas superficies destinadas a caminos de acceso para el tránsito de vehículos de carga, zonas para actividades agrícolas y un área de mayor extensión utilizada para la disposición directa de gallinaza, lo que en conjunto ocasionó la afectación de 56,814 m2 de vegetación natural.
Al momento de la inspección no se localizó a persona responsable de las actividades observadas, por lo que, como medida de seguridad, la Profepa determinó la clausura temporal total del predio y colocó los sellos oficiales correspondientes. Asimismo, se realizó el aseguramiento precautorio de un remolque tipo góndola metálico, utilizado presuntamente para el transporte del material orgánico.
La Profepa continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y reitera su compromiso de proteger los ecosistemas forestales, vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y actuar contra actividades que ocasionen daños al medio ambiente.
