La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el Gobierno de Yucatán informó que realizó este 3 de agosto un operativo de inspección en el predio conocido como San Isidro Miramar, ubicado en el municipio de Celestún, Yucatán, donde impuso la clausura temporal total de 33 sellos en 17 polígonos por el desmonte ilegal de vegetación forestal, en algunos de ellos afectando manglar, dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
El operativo se llevó a cabo con la participación de 397 elementos de diversas corporaciones: 17 inspectores de la Profepa, 45 de la Secretaría de Marina, 35 de la Guardia Nacional y 300 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, quienes brindaron las condiciones de seguridad necesarias para intervenir una superficie de 130.8 hectáreas distribuidas en 17 polígonos.
“La protección de las áreas naturales protegidas es una prioridad para la Profepa. El desmonte ilegal que pone en riesgo ecosistemas de alto valor ambiental como la Reserva de la Biosfera Ría Celestún es un delito que será denunciado por la Procuraduría, y se sancionará con multas ejemplares y con medidas contundentes de reparación del daño. Reconocemos, además, la colaboración del Gobierno del Estado de Yucatán, que ha puesto como prioridad proteger este importante ecosistema”, afirmó la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
Según la Profepa, la investigación y las labores de inteligencia para atender esta problemática comenzaron a finales del 2025. En marzo de 2026 la Profepa efectuó sobrevuelos de reconocimiento, mediante el cual corroboró el desmonte y la quema de vegetación, así como la promoción y venta de lotes correspondientes a los fraccionamientos irregulares denominados “San Josué” y “Martha Elena”. La zona afectada se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Área Natural Protegida decretada el 27 de noviembre de 2000, de alto valor ambiental por la diversidad de ecosistemas y las especies que alberga, algunas de ellas en estatus de protección ambiental por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Previo al operativo, la Profepa informó que sostuvo reuniones de coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán para garantizar que las acciones de inspección se ejecutaran con las condiciones de seguridad necesarias para el personal actuante.
Con este operativo, la Profepa reafirma su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y de actuar de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para detener actividades que ocasionen daños a los ecosistemas y proteger las Áreas Naturales Protegidas del país.
