La orden de incautar los pasaportes brasileño e italiano de Flávio Bolsonaro, candidato de la extrema derecha brasileña derrotado en Brasil, fue emitida por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes apenas siete minutos después de que se oficializara la victoria de Lula Da Silva. El senador está siendo investigado por presunto lavado de dinero, junto con el abogado Willer Tomaz. En Italia, han surgido cuestionamientos por el caso del pasaporte italiano que posee Flavio Bolsonaro quien huyó de Brasil para refugiarse en Estados Unidos. La Policía Federal de Brasil está abriendo una investigación sobre posible colusión ilegal entre la Red Rockbridge, asociada a Thiel/Vance, la corporación Meta y la campaña de Bolsonaro. En juego: acceso facilitado de los "tech bros" a los minerales de tierras raras de Brasil. Meta bajo presión por su sesgo en la campaña electoral de Brasil
Una investigación periodística asegura que empleados de Meta admitieron internamente que fallos y restricciones afectaron las cuentas de Lula, mientras herramientas de la plataforma favorecían la visibilidad de su rival, Flavio Bolsonaro.
«En unas horas, presentaré una interrogación parlamentaria al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, para averiguar qué procedimientos se siguieron al conceder la ciudadanía italiana a Flavio, Eduardo y Carlos Bolsonaro», anunció Angelo Bonelli, diputado de la AVS (Alianza Verde y de Izquierda).
«Queremos saber si se respetaron todos los procedimientos pertinentes, ya que las fechas en las que se emitieron estos pasaportes sugieren un proceso acelerado que plantea interrogantes. Un pasaporte italiano no puede utilizarse para eludir la justicia, como ocurrió en el caso de Carla Zambelli. Por tanto, el Gobierno italiano también debe dar una respuesta respecto a su huida. Como bien señaló el presidente Lula, de la justicia no se huye; se le hace frente. Eso es precisamente lo que hizo el propio Lula hace unos años: esperó su detención, pasó más de 500 días en prisión y, finalmente, demostró su inocencia», dijo Bonelli.
En el Parlamento italiano—también en enero de 2023—, los miembros del Partido Democrático Serracchiani, Porta, Boldrini, Quartapelle, Procopio y Provenzano solicitaron «aclaraciones sobre cuestiones críticas en torno a una posible solicitud de ciudadanía italiana por parte del expresidente brasileño Bolsonaro, así como sobre las implicaciones para las solicitudes presentadas por sus hijos». Según la pregunta parlamentaria, «en 2020, Flavio y Eduardo Bolsonaro, hijos del presidente brasileño Jair Bolsonaro, solicitaron su inclusión en la lista de espera de la cancillería consular de la Embajada de Italia en Brasilia, con el fin de ser convocados formalmente por la misión diplomática para el reconocimiento de su ciudadanía *iure sanguinis* [por derecho de sangre]».
Las autoridades judiciales de Brasil mantienen múltiples investigaciones de alta gravedad contra los miembros de la familia Bolsonaro, abarcando al expresidente Jair Bolsonaro y a sus hijos Flávio y Eduardo. El magistrado del Tribunal Supremo, Flávio Dino, ordenó determinar si su reciente campaña presidencial recibió fondos o servicios ocultos desde el exterior, rastreando conexiones con la red conservadora estadounidense Rockbridge Network.
Se indaga también si plataformas digitales (Facebook en particular) o actores extranjeros intervinieron ilegalmente para favorecerlo en los comicios frente a Lula da Silva.
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la sospecha de que los esfuerzos por financiar la actividad política podrían estar vinculados a intereses económicos extranjeros en los recursos minerales de Brasil.
Dino ordenó explícitamente a la Policía Federal que investigue si existen «pruebas concretas que vinculen las conversaciones sobre financiación política con los intereses económicos señalados en torno a las tierras raras y los minerales críticos de Brasil».
Asimismo, Dino busca determinar quién pudo haber formulado propuestas, a quiénes iban dirigidas y qué se habría ofrecido a cambio.
Otra parte de la investigación se centra en la promoción pagada de contenido favorable a Bolsonaro por parte de cuentas radicadas en el extranjero; en particular, publicaciones que citaban proyecciones de Polymarket, una plataforma extranjera de mercados de predicción que tiene prohibido operar en Brasil.
Según la denuncia presentada por el partido Missão, cuentas extranjeras que habitualmente no abordaban la política brasileña comenzaron a difundir publicaciones pagadas sobre la candidatura de Bolsonaro, citando estimaciones de esa misma plataforma.
La Policía Federal deberá determinar quién pagó por este contenido, de dónde provino el dinero y si hubo intermediarios brasileños involucrados.
La resolución también hace referencia a informaciones de Intercept Brasil sobre pagos realizados por la campaña de Bolsonaro a Elytron, una empresa que ofrecía en el extranjero un sistema de inteligencia artificial para operaciones de influencia política. Según dichos informes, la campaña registró pagos a la empresa por un valor de 116.500 dólares, mientras que el Partido Liberal declaró, por su parte, otros 25.600 dólares.
Al evaluar toda esta información en conjunto, Dino señaló que las pruebas apuntan a «indicios cada vez más claros de injerencia extranjera en el proceso electoral».
La campaña de Flávio Bolsonaro —candidato presidencial de extrema derecha en Brasil y respaldado por Estados Unidos— pagó a una empresa estadounidense que comercializa un sistema de inteligencia artificial destinado a manipular elecciones.
El partido de derecha de Bolsonaro también realizó pagos a dicha empresa, la cual elabora perfiles de votantes y crea cuentas falsas en redes sociales para difundir desinformación dirigida a electores clave.
Esta revelación surge después de que Meta admitiera haber censurado las cuentas del candidato de izquierda Lula da Silva, al tiempo que promovía a Bolsonaro en Instagram, Facebook y WhatsApp.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó a la empresa Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp) y a la empresa X que proporcionen, en un plazo de 24 horas, aclaraciones técnicas sobre el uso de inteligencia artificial, la distribución de contenido político, la publicidad electoral y la eliminación de publicaciones.
