Redacción.- En algunos municipios de Yucatán, la población comienza a perder la cordura por el COVID-19. El miedo a contagiarse, y la iniciativa inconstitucional de varios alcaldes (y alcaldesas) de montar retenes para impedir la libre circulación de personas en el Estado, se ha comenzado a traducir en actos violentos y amenazas de agresiones.
En al menos dos municipios, hasta ahora, han tenido lugar situaciones preocupantes.
Tal es el caso de Muna, donde el mismo alcalde, Rubén Carrillo, advirtió en un mensaje publicado en Facebook, “a las personas que andan amenazando con quemar las casas de quienes se han enfermado de coronavirus, que no lo hagan, porque todos nos podemos enfermar”.
El alcalde de Muna dijo que ha escuchado tales disparates propalados por algunos vecinos en perfiles de Facebook, por lo que llamó a quienes andan diciendo tales cosas, a no hacerlo.
Algo parecido le sucedió a una pareja de estadounidenses que viven en San Crisanto, los que pretendieron regresar a su casa en la costa de Yucatán, encontrándose con un retén –de los muchos que han proliferado en el Estado en los municipios y comisarías al amparo de órdenes de alcaldes y comisarios- donde se les impidió el paso.
Tras 15 días en Estados Unidos adonde viajaron aparentemente por el fallecimiento de su hija, la pareja de extranjeros no pudo entrar al puerto de San Crisanto, donde viven desde hace varios años, ya que vecinos de la zona se los impidió inclusive con amenazas, por el temor a contagiarse de COVID-19, según dijeron.
La pareja de estadounidenses fueron retenidos en retén inconstitucional llamado “filtro sanitario” instalado por la autoridad local a la entrada del puerto, ubicado en la costa norte de Yucatán y perteneciente al municipio de Sinanché, así como en la playa, en al menos dos ocasiones.
Al llegar al “filtro sanitario” en un vehículo les negaron el acceso con el argumento de que el puerto está cerrado a los visitantes por la pandemia de coronavirus. Allí, hubo una discusión entre los extranjeros y los habitantes locales que sostenían cuerdas, hojas de palmera para impedir el paso. Entre gritos de no los dejen pasar, una mujer mayor armada de un bastón, hablando en inglés, lanzó golpes a las cuerdas y objetos que sostenían los habitantes de San Crisanto.
Los habitantes que se encontraban en el retén, argumentaron que no son violentos, pero exigieron que se hicieran la prueba de COVID-19, frente a los policías que observaban la escena.
La pareja de estadounidenses intentó en varias ocasiones ingresar, inclusive a través de la playa, para lo que contrataron a una abogada que les consiguió –quién sabe cómo- un supuesto “amparo federal” contra el alcalde de Sinanché, Felipe Rojas, y la comisaria municipal, Martina Rosado, por impedir el libre tránsito e imponer retenes inconstitucionales.
La abogada, quien no se identificó, dijo que traía un amparo pero los vecinos exigieron que los estadounidenses no entren hasta que se hagan la prueba del COVID-19 y esperen 15 días para poder ingresar.
Eso sí, los habitantes dijeron a medios de comunicación que acudieron al lugar que nunca intentaron “quemar” a los extranjeros y aseguraron que solo quieren proteger a su familia y no son violentos, a pesar de que circuló la versión de que los pretendieron “linchar” por lo que tuvo que acudir la policía municipal y federal a resguardar a los extranjeros.
Al final, los estadounidenses pudieron retirar a sus mascotas, dos perros, que estaban dentro de la casa, y se retiraron del lugar.
