Redacción.- El ex alcalde por tres ocasiones de Dzidzantún, Miguel Ángel Saldívar Flores alias La Papaya, es quien organizó la venta de los terrenos con playa de la asociación civil El Porvenir en unos 22 millones de pesos, la que el día de hoy realizó una protesta en la carretera Dzilam de Bravo-Progreso y a un costado de las obras de uno de los compradores que goza del apoyo de la Semarnat, del municipio de Dzidzantún y de la Profepa así como de la Fiscalía General de la República.
“Tenemos documentación, registros de que hemos tenido la propiedad de forma continua desde los años sesenta del pasado sexenio”, dice el presidente de la organización civil El Porvenir, quien denuncia el despojo de una parte del predio costero que poseen en el puerto de Santa Clara, municipio de Dzidzantún, desde al menos 1966, en un caso que muestra la colusión de autoridades federales y locales.
Integrantes de la asociación civil El Porvenir Mejor, quienes defienden la propiedad, acusaron colusión de Hernán Cárdenas López y Jesús Lizárraga Veliz, encargados de despacho en Yucatán de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), respectivamente.
Hemos tenido la posesión, no ha habido ninguna interrupción en la posesión de este predio que fue comprado como propiedad y tenemos las escrituras, señaló Jaime Matos González, presidente de la asociación El Porvenir. Asimismo, explicó a Infolliteras.com que paradójicamente, fueron denunciados por destruir la fauna y flora por la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y la FGR (Fiscalía General de la República) cuando los que destruyeron fueron los supuestos nuevos dueños a quienes la Semarnat otorgó el Manifiesto de Impacto Ambiental en una extensión invadida y en litigio, imponiéndoles, además, una muta por 750 mil pesos.
Estamos ante una nueva venta ilegal, de un tercio de un total de tres kilómetros lineales por 300 o 400 metros de ancho, realizada a través de la Cooperativa Cocos Selectos S.A. de C.V. que la entregó como si fuera de fundo legal durante uno de los tres gobiernos municipales de Miguel Ángel Saldívar Flores alias La Papaya, quien llegó a gobernador a través del PRI y del Verde Ecologista entre 1995-1998, luego entre 2001 y 2004 y posteriormente entre 2007 y 2010.
Desde septiembre del año pasado, en plena pandemia, los afectados se enteraron de la invasión de los “nuevos dueños” en unos 40 lotes y en noviembre siguiente presentaron la denuncia correspondiente.
Entre los compradores, mencionaron al juez federal Christian Omar González a quien señalan por utilizar sus influencias para obtener el apoyo de la Semarnat y de la Profepa.
De acuerdo con versión de representantes de El Porvenir –agrupación religiosa asentada en Dzidzantún–, el juzgador ordenó que se construyera un cerco y el retiro de la vegetación costera, con anuencia de Semarnat y Profepa.
Luego, mediante artimañas, se promovió una demanda penal por destrucción de duna y daños a manglar contra los legítimos propietarios.
Pese a la arbitrariedad, la Profepa multó a los directivos de la asociación civil con cerca de 1 millón de pesos por las afectaciones.
En tanto, policías municipales de esa localidad resguardan la zona para protección de los “nuevos dueños” y evitar que los despojados intenten recuperar lo que aseguran que es suyo.
Los tres kilómetros ya referidos, dicen los manifestantes, fueron adquiridos en 1966 por el misionero David Brainerd Legters y su esposa Elva Legters, y desde entonces albergó al campamento “Palabra de Vida El Porvenir”.
Este lunes 6 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en el juzgado oral penal federal en Mérida para impugnar la denuncia de la Profepa y de la FGR así como su multa millonaria.
Por lo pronto el día de hoy exigieron justicia y se detengan las obras en lo que se resuelve el conflicto. Habitantes realizaron en el sitio una protesta pacífica este sábado.
Uno de los presentes refirió que en 2005 se vieron obligados a vender los extremos del terreno, por una maniobra similar de invasión, y ante la falta de dinero para pagar el juicio decidieron ceder una porción a un empresario de apellido Dájer del que no proporcionaron más datos.
