Redacción.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera votó en contra de los cambios constitucionales propuestos por el Ejecutivo del Estado que aumentan el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
La reforma fue aprobada por mayoría, con los votos del grupo oficial (PAN, PVEM y Nueva Alianza Yucatán), y el PRI, que aportó los votos para la mayoría calificada que se requería.
Vida Gómez explicó que “lo que en realidad se necesita para acercar la justicia a la población y acabar con el rezago en el Poder Judicial es la apertura de más juzgados de primera instancia. En esto coinciden tanto el propio Poder Judicial como los especialistas y profesionales del derecho”.
Por esta razón, dijo, Movimiento Ciudadano propuso y logró que se establezca 1 juzgado por cada 30 mil habitantes en el Estado y un criterio poblacional en localidades de más de 20 mil habitantes.
“Esto quiere decir que desde hoy es obligación constitucional la creación de 21 juzgados de primera instancia en Oxkutzkab, Izamal, Ticul, Hunucmá, Peto, Maxcanú, Chemax y Tizimín, entre otros lugares, de forma gradual en un plazo no mayor de 3 años”, señaló.
Sin embargo, en la misma sesión hizo ver que tal disposición incluida desde hoy en la Constitución, no fue plasmada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que pone en duda su cumplimiento.
“Esto era fundamental, para garantizar la creación de juzgados y atender el reclamo de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, pero no es prioridad de la mayoría. Esto es simulación”, afirmó.
“Que quede en actas quiénes entregaron a unos cuantos la justicia en Yucatán. Unos cuantos que han demostrado que fortalecer el Poder Judicial y acercar los juzgados a la ciudadanía no es su prioridad”, concluyó.
Durante la sesión, la mayoría oficial rechazó las propuestas de Movimiento Ciudadano de nombrar a magistradas y magistrados por mayoría calificada; eliminar criterios discriminatorios en el nombramiento de esos mismos funcionarios, y no limitar a 2% el presupuesto del Poder Judicial, sino que ese porcentaje sea lo mínimo, tal cual hasta hoy establecía la Constitución.
