30 millones: El próximo 17 de junio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará el pago de la expropiación de los terrenos de la zona arqueológica de Dzibilchaltún

Redacción.- El encargado del despacho del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, reveló que el próximo 17 de junio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dará el pago de la expropiación de los terrenos de la zona arqueológica de Dzibilchaltún, por lo que se indemnizará con 30 millones de pesos a los ejidatarios de Chablekal, comisaría de Mérida.
Desde el pasado viernes 20, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, le dio el nombramiento como encargado de la dependencia federal, en sustitución de Eduardo López Calzada.
Chab Cárdenas afirmó que el conflicto por los terrenos está cerca de resolverse por medio del respectivo pago, recurso que autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo, el sitio está cerrado, por parte de un grupo de ejidatarios inconformes.
En su primera entrevista, el funcionario federal afirmó que “en el caso de Dzibilchaltún, forma parte de un expediente expropiatorio que el INAH ha estado integrando desde hace dos años. Tiene diversas etapas y uno de los sujetos de estas acciones, es poder adquirir el núcleo central del sitio arqueológico, como una deuda histórica que el gobierno ha tenido con los ejidatarios”.
Reconoció que “en todas las comunidades, en todos los ejidos siempre hay grupos a favor y otros en contra”, tal como ocurrió con los de Chablekal.
Destacó que Prieto Hernández firmó un acuerdo con el objeto de poder realizar la indemnización a favor del ejido, el cual vence el 17 de junio.
“Este es un hecho muy importante porque ya tenemos una fecha de pronto pago para la comunidad y cómo poder continuar haciendo los trámites administrativos”, acotó.
Expresó que en el caso de los grupos que no están a favor, “se tendrá un acercamiento para que el acuerdo entre todas las partes que sea fructífero para la conservación y la salvaguarda del patrimonio cultural”.
“Tenemos una indemnización autorizada través de una cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y se prevé un pago de 30 millones de pesos. Se hará una asamblea que establece la Liga Agraria a la que estamos obligados a asistir todas las partes, para que se haga entrega de los recursos a favor del Ejido”, señaló Chab Cárdenas.
Indicó que desconoce el número de ejidatarios que se beneficiará con el pago de la indemnización, ya que hubo una depuración como parte de las estrategias del actual comisario.
El encargado del Centro INAH Yucatán afirmó que “ahí nosotros cubriremos a favor del Ejido y pues ellos harán lo propio para hacer la repartición del recurso”.
Aclaró que “el INAH no compró los terrenos sino que es un procedimiento expropiatorio, en virtud de que las tierras cuentan con presencia de monumentos arqueológicos, que a la vez forman parte de la zona arqueológica de Dzibilchaltún y del parque nacional. Es un procedimiento expropiatorio por medio del cual, la Federación recupera el dominio pleno de la tierra mediante una indemnización”.
En cuanto al grupo de ejidatarios que mantiene bloqueado el acceso a la zona arqueológica desde el pasado 7 de febrero, mencionó que el INAH es respetuoso de cualquier manifestación.
“Somos respetuosos de la comunidad y esperamos que entre ellos puedan encontrar una solución al respecto. A nosotros como INAH, no nos corresponde formar parte de la Asamblea, sino al contrario nosotros damos la certeza de escuchar a todos y estamos abiertos a dialogar con cualquier representante de los ejidatarios”, subrayó.
Señaló que en 1987, en un decreto del Ejecutivo Federal se fijó términos para que la zona de monumentos arqueológicos y el parque nacional Dzibilchaltún lleven a cabo actividades dentro del ejido de Chablekal.
El sitio arqueológico de Dzibilchaltún, cuya extensión es de 530 hectáreas, se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.
Asimismo, se ubica dentro del Parque Nacional del mismo nombre, en términos del Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de abril de 1987.
En dicho mandato se restringen actividades e infraestructura con el objeto de salvaguardar el patrimonio histórico y cultural.