Redacción.- El crecimiento caótico, desordenado y depredador sigue desbocado en Holbox, oficialmente Reserva de la Biósfera Yum Balam, tanto en la Isla Chica como en la Isla Grande. Desde el pasado sexenio la isla chica está sumida en una grave crisis por la masificación turística sin infraestructura en un ecosistema muy delicado y cada vez más afectado por las actividades humanas sin control como dimos a conocer en reportajes publicados en años pasados. Las construcciones han surgido por doquier gracias a la corrupción y la ambición inmobiliaria que ya puso en la mira también a la costa de Yucatán colindante con el Estado de Quintana Roo y con la isla Grande donde una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorece intereses particulares que pugnan por desarrollar esa zona en gran medida deshabitada y virgen hasta ahora.
Evidentemente, tres cambios en la Semarnat en dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ayudan, al contrario. Como tampoco la corrupción reinante entre el personal heredado en la Semarnat de pasadas administraciones y la colusión del Poder Judicial y estatal con intereses inmobiliarios a los que no les interesa el medio ambiente, sino la ganancia inmediata, vendiendo espejitos a los compradores de un “pedazo del paraíso”.
El caos institucional y la corrupción reinantes son aprovechados por “inversionistas”, lavadores de dinero y funcionarios (y ex funcionarios) que buscan hacer negocios explotando los recursos naturales, en crisis en Quintana Roo, donde todas las reglas ambientales han sido violadas en la llamada Riviera Maya. Inclusive, se asegura que hay, por ejemplo, un funcionario de la 4T metido en la construcción de un desarrollo hotelero en Punta Cocos, zona de anidación del Charrán, por ejemplo. Tema que es vox populi en Holbox.
Asimismo, las modificaciones costeras, naturales, y vinculadas al cambio climático han generado conflictos con particulares que buscan explotar la Isla Grande desde hace años y entre los que se contaban un grupo de poderosos empresarios yucatecos encabezados por los Ponce.
En efecto. Recientemente la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofematac) dijo que repondrá el procedimiento para delimitar una franja de 20 metros de zona federal en Isla Grande, en Holbox, ubicada en la zona norte de Quintana Roo muy cercana a Yucatán donde numerosos inversionistas pretenden edificar desarrollos inmobiliarios que ya están inclusive vendiendo a través de internet. Algunos están desesperados porque compraron tierras de forma irregular y les urge sacar provecho a sus inversiones.
Por lo pronto, el objetivo del anuncio de la nueva delimitación es volver a emitir un acuerdo de destino con uso de protección, que fue emitido a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y que es impugnado por 15 inversionistas, por lo menos. La nueva delimitación se repondrá en octubre del presente año utilizando de nueva cuenta las Tablas de Mareas de la Secretaría de Marina (SEMAR).
En efecto, según la información disponible, en mayo de 2016 los terrenos habían sido adjudicados a la CONANP, como parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre, tras las mediciones realizadas con las Tablas de Mareas de la SEMAR, ya citadas.
Sin embargo, en un sorpresivo giro oficial, la semana pasada Desarrollos Inmobiliarios Xunaan recuperó el dominio, ya que que esta empresa argumentó que se violó “su derecho de audiencia”.
Cabe puntualizar que la nueva medición se genera a resultas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una resolución de diciembre del 2019 falló a favor de seis distintos propietarios -entre particulares y empresas- que se inconformaron por la delimitación hecha por la Zofematac en 2013.
En el caso particular de “Desarrollo Inmobiliarios Xunaan”,la empresa argumenta que son de su propiedad 2.5 hectáreas de la Zona Federal Marítimo Terrestre que fueron incluidas en los 538,762 metros cuadrados del Área Natural Protegida de Holbox.
Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, S.A. de C.V., es propiedad de Stella Holdings a la que se vincula, a Carlos Álvarez de Alba como socio principal, y que presuntamente controla varias empresas, entre éstas, Cava Energy, firma del sector energético en la que trabaja Carolyn Adams, actual esposa de José Ramón López Beltrán, primogénito de Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto, no trabaja en el gobierno federal, como tampoco su flamante compañera.
