Redacción.- 82 fideicomisos que se nutren con el erario se crearon al margen de la ley y 41,624 millones de pesos que estaban en varios fideicomisos durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fueron a dar a manos de transnacionales estadounidenses o grandes empresas mexicanas como Kimberly, Femsa, Monsanto, Bayer, Bimbo, IBM, Intel, Kimberly-Clark, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Femsa Logística y Honeywell. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) así cumplió con otra de las promesas de su campaña.
El Senado de la República aprobó en lo general, con 65 votos a favor y 51 en contra, la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, con la cual se liberarán alrededor de 68 mil 400 millones de pesos, cuyo destino sería la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19. «Había discrecionalidad, no había fiscalización, no se tenían cuentas claras, hay indicios incluso denuncias de corrupción por el mal manejo de estos fideicomisos«, denunció el presidente AMLO.
“De los 191 fideicomisos de los que se tiene registro, 109 eran los autorizados por ley, pero los restantes se encontraban fuera de la ley. En febrero de 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en la creación de los mismos“, dijo Jorge Nuño Lara, jefe de Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, se informó que de 2013 a 2018 se transfirieron 41 mil 624 millones de pesos a grandes empresas privadas de México y el mundo a través de los fideicomisos y apoyos fiscales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), informó María Elena Álvarez-Buylla, titular del organismo.
“Nos encontramos, y están muy ligados al uso discrecional, opaco, que a partir de los fideicomisos es que se habían realizado de 2013 a 2018, transferencias millonarias al sector privado vía Conacyt; podemos ver que solamente a través de los fideicomisos se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través del programa PEI, que es un programa fiscal que todos los años se iba alimentando, más de 26 mil millones de pesos para dar un total de 41 mil 624 millones de pesos transferidos directamente del Conacyt a empresas”, destacó Álvarez-Buylla frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
También se entregaron recursos públicos a fundaciones privadas estadounidenses y la mexicana Juntos Podemos, encabezada por Vázquez Mota, la que recibió la friolera de 73 millones por parte de la Cancillería, según dijo Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía de la dependencia. De inmediato, Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del PAN, rechazó haberse beneficiado de dichos millonarios recursos, obviamente, como han salido a rechazar la extinción de los fideicomisos otros ex funcionarios del peñismo, como el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín.
La realidad es que los administradores de los fideicomisos se gastaban más de 500 millones de pesos en administrarlos, el 40% del dinero se iba al 1% de beneficiarios y más de $2 mil millones de pesos se gastaron en bebederos ¡que ya no sirven! y un largo etcétera.
El gobierno federal asegura que la extinción de fideicomisos por diversas irregularidades y mal uso del mecanismo significa combatir la corrupción y garantizar que los recursos lleguen de manera directa a las y los beneficiarios. No se eliminan los apoyos, se mantienen vinculados al presupuesto.
AMLO afirmó: no les va a faltar recursos a los auténticos deportistas, investigadores, escritores. Los auténticos artesanos, artistas, creadores no van a tener ningún problema; van a seguir recibiendo sus apoyos, garantizó.
Un ejemplo más: En la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la Ciudad de México se identificaron retiros, por 0.5 millones de pesos, por concepto de “Transferencia enlace” y en la cuenta personal del entonces Subdelegado de la citada delegación, sin que se proporcionara la documentación que lo justifique y compruebe. Es decir, pellizcaban los millonarios recursos de los fideicomisos, como señala la Auditoría Superior de la Federación.
