Tras ser destituido del Catastro Municipal de Mérida Efraín Rivero Euán fue visto posando con el senador morenoverdista, Jorge Carlos Ramírez Marín. Rivero Euán fue separado de su cargo por órdenes de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada como subdirector de Operaciones y Procesos tras detectarse presuntas irregularidades administrativas. La separación del cargo de Efraín Rivero Euán fue comunicada oficialmente el viernes 11 de septiembre de 2026.
Ramírez Marín fue destapado por el coordinador electoral nacional del PVEM, Arturo Escobar, quien declaró públicamente su intención de convencer a Ramírez Marín para que encabece la candidatura en la capital yucateca. La realidad es que nadie lo toma en serio ya que se considera que es una estrategia del Verde para conseguir parte del pastel electoral a repartirse en el 2027 y nada más. En particular el dos veces senador buscaría permanecer en el congreso federal donde ha vivido gran parte de su existencia como funcionario público además de su cuestionado transitar por la Sedatu durante el gobierno de Peña Nieto. El senador ya fue candidato por Mérida en 2021 y le fue muy mal.
El Ayuntamiento de Mérida tomó la decisión de despedir a Rivero Euán tras recibir denuncias ciudadanas que señalaban la presunta exigencia de dinero en efectivo a cambio de agilizar o gestionar trámites internos.
Como se recordará el caso fue turnado a la Contraloría Municipal para determinar si existieron faltas administrativas graves.
Asimismo, tras su destitución, el exfuncionario negó las acusaciones y arremetió públicamente contra la dependencia, señalando presuntos casos de nepotismo y conflicto de interés en la contratación de personal a manera de desviar la atención de las acusaciones en su contra.
El Ayuntamiento de Mérida reiteró su postura de cero tolerancia ante este tipo de conductas e instó a los ciudadanos a realizar sus trámites y pagos únicamente a través de las ventanillas y plataformas oficiales.
El caso escaló luego de que un habitante afectado acusara directamente a Rivero Euán durante una jornada del programa Miércoles Ciudadano. Se le señala por presuntos cobros irregulares por trámites catastrales dirigidos a familias vulnerables, cuyos trámites finalmente no se realizaban.
La autoridad municipal confirmó que existen elementos suficientes que apuntan a acciones u omisiones que infringen la normatividad. Al estar catalogado provisionalmente como una “falta administrativa grave” (por la presunta exigencia de dinero), el expediente podría ser turnado posteriormente al Tribunal de Justicia Administrativa si se ratifican las pruebas.
Paralelamente, al momento de su salida, el exsubdirector acudió físicamente a las oficinas de la Contraloría para ingresar su propio recurso formal:
Acusación de red de corrupción: Entregó un expediente asegurando que posee pruebas de una supuesta red de nepotismo, conflictos de interés y “negocios al amparo de la dependencia” que involucrarían a familiares directos (hijos, esposas, comadres) de otros trabajadores del Catastro.
Señalamiento directo: Su denuncia apunta directamente a la titular del Catastro, Aura Loza Álvarez, y a su personal cercano, afirmando además que existía maltrato físico y violencia hacia los empleados. El exfuncionario alegó que ya había reportado esto internamente desde hacía dos años sin obtener respuesta.
