Redacción.- El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descartó que en la consulta popular a efectuarse el próximo 1 de agosto se pida el enjuiciamiento a los expresidentes del país, ya que la pregunta establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es para por “esclarecer las decisiones políticas del pasado”. Lorenzo Córdova leyó la pregunta que es en realidad un planteamiento abstracto y genérico en el que, efectivamente, no se puntualiza referencia alguna a los ex presidentes de la República.
Afirmó que “la consulta va y va muy bien” por lo que garantizó que habrá “una verdadera fiesta democrática, la cual será exitosa”, para lo cual se emitirán 93.5 millones de boletas, que tendrán las condiciones de seguridad requeridas, las cuales se distribuirán en 57 mil casillas.
El costo es de 522 millones de pesos, recursos propios que forman parte de los remanente obtenidos durante la interrupción temporal de la actividad escolar, laboral y recreativa, así como la movilidad en el espacio público, en la cual no se pagó luz, agua, etc, además de que el presupuesto se cotiza en dólares, y el costo de lo moneda es inferior a lo que se previa, y mucho del equipo que se utilizará se empleó el pasado 6 de junio.
Incluso, el 92 por ciento de los ciudadanos que serán funcionarios de casillas ya tienen su nombramiento y certificación, además de que están capacitados para la atención de la consulta.
Resaltó que el INE es el único órgano facultado en la difusión de la consulta, por lo que cualquier actividad que haga algún partido político es ilegal, pues se viola el Artículo 37 de la Constitución.
Anunció que a partir de hoy está prohibido cualquier tipo de propaganda gubernamental, por lo que lo único que se podrá hablar es sobre salud, educación y protección civil.
Hasta el momento, el INE tiene quejas en torno a la consulta a efectuar en breve, expresó durante la conferencia de prensa, en la cual pidió “no confundir” a la ciudadanía sobre la pregunta que estará en la respetiva boleta.
“Ojalá exista una convergencia de todos los actores políticos para que no se confunda a la ciudadanía. Si alguien espera que el INE pregunte otra cosa a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo”, ya que la única autoridad para ello es la SCJN.
Recordó que originalmente, la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la consulta era preguntar si se debía enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero, la SCJN modificó la pregunta y ahora los mexicanos deberá responder si están de acuerdo en llevar a cabo “acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos”.
Córdova Vianello indicó que ayer, arrancó oficialmente la campaña de difusión para promover la consulta popular del 1 de agosto, la primera de la historia del país, la cual requiere de la participación del 40 por ciento del censo para ser vinculante.
La Consulta Popular pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.
Ante los comunicadores expresó que de manera específica, la pregunta sometida a consideración del electorado será la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
La papeleta contendrá una breve descripción del tema, la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, cuadros para votar “Sí” o “No”, la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del Presidente del Consejo General del INE y de su Secretario Ejecutivo.
