Redacción.- ?El negocio sólo es negocio cuando le pagas una
miseria a los ejidatarios?, declaró Gabriela Torres-Mazuera, antropóloga del
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
respecto a la venta de tierras en los ejidos que ocurre en Yucatán, y que
provoca divisiones entre las comunidades así como crecientes conflictos.
Las tierras se venden entre uno y dos pesos por metro
cuadrado en ejidos como el de San José Tipceh en Muna, donde se tiene la
intención de construir una granja de energía solar de más de 300 hectáreas,
perteneciente a Sun Power-Vega Solar.
José Aurelio Mugarte Xool, del ejido de San José Tipceh, en
Muna, indicó que hubo un pago; fue de 3,200,000 pesos por parte de un
intermediario, divido entre 102 ejidatarios por 30 años, es decir menos de 30
mil pesos para cada uno durante las tres décadas de arrendamiento de tierras,
indicó.
Quienes están a favor de la defensa del territorio han
recibido amenazas de ser macheteados y baleados, por lo cual han acudido al
ministerio público para realizar la denuncia correspondiente, expresó.
Los despojos de tierras en Yucatán tienen el objetivo y la
intención de favorecer a los megaproyectos, que destruyan miles de héctareas en
las tierras ejidales, declaró Wilbert Abraham Chi Domínguez, ejidatario de
Muna.
Señaló que se les engañó en un principio al decirles que las
tierras servirían para sembrar stevia y limón. Sin embargo, en realidad fueron
para establecer más de un millón de paneles solares en 300 hectáreas de las
empresas Vega Solar-Sun Power, expresó.
Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) se muestran
a su favor, ya que ignoran la biodiversidad de dichas zonas, manifestó la
investigadora.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), desde 2017 como observador, las
dependencias federales como la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI, antes CDI), fueron señalados por los ejidatarios
presentes de permitir el despojo de tierras y la falta de consulta indígena
previa, libre e informada.
