Cinco habitantes de Santa Gertrudis Copó han sido denunciados hasta en tres ocasiones por los apoderados legales de la Inmobiliaria Abba, incluida la comisaria, Leydi Cocom.
El Juez de Control Primero, Antonio Bonilla Castañeda y el Ministerio Público de Cordemex, han favorecido a la empresa Abba con denuncias contra los habitantes de Santa Gertrudis, sin tener pruebas para acusarlos del supuesto delito de despojo de cosa inmueble, nos señalan sus abogados. Es decir, estamos ante una estrategia judicial intimidatoria en la que pretenden incluirnos con una denuncia presentada ante el Ministerio Público de Cordemex, según se nos informó como a continuación explicaremos.
Los acusados y vinculados a proceso hasta ahora son Roger Sulub May, la Comisaria Municipal de Santa Gertrudis Copó, Leydi Eloina Cocom Valencia, José Rigoberto Sulub May, Isela Cob Naal y María Elena Herrera Tec.
Los denunciados tienen prohibido salir del Estado de Yucatán. También les prohibieron acercarse a los denunciantes y a la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó.
Como se sabe públicamente, como periodistas hemos estado presentes en varias ocasiones, con transmisiones en vivo, dando constancia de las protestas de los habitantes de Santa Gertrudis Copó contra la apropiación y despojo de terrenos que son vía de paso y que no pertenecen a la hacienda, según señalan los habitantes de la comisaría meridana.
En una de éstas ocasiones (en marzo de 2018) una anciana fue sacada a la fuerza de su casa, la que fue demolida en ese momento y la “reubicaron” en una casa ubicada en el fraccionamiento “Los Cocoyoles”. También fueron desalojadas otras 5 personas. Ese día, llegaron personas armadas con machetes, hachas, tubos y otros objetos punzo cortantes hasta la ex hacienda con la intención de desalojar a golpes a los habitantes de Santa Gertrudis Copó que se oponían al desalojo de la anciana y a la construcción de una reja. De todo esto hay constancia en mi trabajo periodístico.
Nuestra presencia fue disuasiva ese día, ya que al dar a conocer en nuestras redes sociales la presencia de personas armadas, las autoridades estatales de ese entonces –del gobierno del ex gobernador, Rolando Zapata Bello- enviaron un inmenso convoy de patrullas cuyos elementos los desarmaron.
Los policías conminaron a dichas agresivas personas a retirarse del lugar. Sin embargo, no hubo denuncia contra ninguno de ellos ni contra quienes los contrataron. Como tampoco investigación alguna del Ministerio Público. Inclusive se dedicaron a tomarme fotos y vídeos, práctica constante por parte del personal de dicha empresa Abba o de los pandilleros llevados ex profeso para intimidar, situación que reclamé.
Debo señalar que en al menos tres ocasiones me identifiqué como periodista y pedí hablar con los propietarios o abogados de dicha empresa para que dieran a conocer su versión. Mientras me grababan, les dije pidieran a su patrón que saliera a explicarme su versión. Lo que nunca hicieron.
Sin embargo, sorpresivamente el domingo 12 de enero del presente año, una persona que se identificó como Agente Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, de nombre, según dijo, “Ricardo Estrella”, afirmó que venía “a notificarnos” de una “denuncia” a nuestro domicilio particular.
Tras una lectura errática, poco clara de la “denuncia”, en sustancia se me dijo que estaba siendo denunciado por ser “líder” de la manifestación contraria a la empresa Abba en la comisaría de Santa Gertrudis Copó.
Extremo, evidentemente falso. También al parecer me acusaron de lanzar piedras e ingresar al predio, lo que es también totalmente falso.
Ante lo insostenible de sus acusaciones estarían buscando acusarnos de difamación, según parece. Es decir, estamos ante un intento de intimidación, y de censura, utilizando instituciones que deberían dedicarse a otros temas más importantes como la Mafia Inmobiliaria que opera en Yucatán y que ha sido denunciada por numerosos medios de comunicación, incluido el nuestro. Mafia en la que se encuentran involucrados varios políticos encumbrados de nuestro Estado y de otros Estados de la República.
El lavado de dinero, la presencia de delincuentes de cuello blanco, es un flanco abierto en Yucatán y se corre el riesgo de que las instituciones de justicia sean colonizadas por intereses oscuros, como ya ha sucedido en otros Estados del país y se está evidenciando ya en Mérida con denuncias armadas sin sustancia.
Esta situación es grave en el contexto de las marchas y de los reclamos por el lanzamiento de gas lacrimógeno recientemente en Mérida. Las autoridades deben prestar atención a lo que hacen sus subalternos.
