Redacción.- El Ayuntamiento de Mérida realizó una diligencia de verificación y revisión de los límites del terreno ubicado en la calle 7-B por 14 y 14-A de la comisaría de Santa Gertrudis Copó elaborado por la Subdirección Técnica de la Dirección de Catastro en respuesta al oficio DC/ST/260/04/2018. Es decir, el Ayuntamiento de Mérida verificó los límites de la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó luego de que los apoderados legales, Claudia Guadalupe Farías Cid y Carlos Antonio Díaz Chans y los propietarios Jacobo Xacur Eljure y Abraham Xacur Achach, intentaron apoderarse de 600 metros cuadrados que no le pertenecen a la Inmobiliaria Abba, “hoy legítima dueña de la hacienda”, con el apoyo de unos 30 pandilleros armados de palos, machetes, hachas, tubos, el 6 de junio de 2018. El dictamen fue claro: esos 600 metros cuadrados no le pertenecen a la ex hacienda ni a quienes se ostentan como sus legítimos propietarios.
Como muestran los vídeos grabados ese día por quien esto escribe, el grupo de pandilleros fueron llevados ex profeso para desalojar a la fuerza a las cinco personas –incluida una anciana maya, a la que se amenazó con “pasarle la maquinaria por encima”, como señalan los testimonios recabados por Infolliteras.com ante la presencia de Indignación A.C.—pero la acción no se pudo consumar por la solidaridad del pueblo y de algunos habitantes los que se interpusieron para evitar el violento despojo y desalojo. Posteriormente la policía estatal desarmó a los pandilleros y los obligaron a marcharse en las camionetas que los llevaron hasta Santa Gertrudis Copó.
A través de declaraciones falsas a medios locales que no verificaron de qué se trata éste asunto, dando voz de forma unilateral a los apoderados legales de la Inmobiliaria Abba, y negando el derecho de réplica solicitado por los habitantes mayas de la comisaría a los que han acusado de intento de despojo y acosado judicialmente, se quiso dar a entender que quienes tienen viviendo generaciones en esos 600 metros son invasores.
Dichas familias afrontan procedimientos legales y se les ha “ofrecido” dinero que no alcanza para comprar una casa o “reubicarlos” unilateralmente en Caucel, lejos de su comunidad y del lugar donde han vivido siempre con la justificación declarada por la apoderada legal de Abba de que únicamente querían “construir una barda perimetral” para consumar su despojo.
Cabe puntualizar que “a través del armado documental y físico, de la zona solicitada, de acuerdo con el levantamiento topográfico, consultando en los archivos de ésta Dirección de Catastro Municipal, de la Cartografía, con apoyo de la fotografía aérea y de la consulta realizada en el Portal del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado”, se obtuvo como resultado que “no se encontró en esta Dirección de Catastro Municipal, registro alguno del área solicitada en nuestras bases de datos”, señalan los ingenieros Alberto José Rodríguez Torres y María Teresa Pasos Avilés en respuesta a la solicitud realizada a través del oficio DC/ST/JC/260/04/2018.
Es decir, según explica el documento consultado por Infolliteras.com (con fecha de recibido el 20 de abril de 2018 y firmado por el ingeniero Alberto José Rodríguez Torre, de la Jefatura de Cartografía y por el ingeniero Humberto Segovia Sarlat, subdirector Técnico del Catastro Municipal en esas fechas) “se realizó el levantamiento topográfico de la zona solicitada, obteniendo como resultado una superficie total aproximada de 8.938 metros cuadrados”.
“Cabe señalar que el área solicitada (los 600 metros cuadrados que querían apoderarse a la fuerza), en origen formó parte del tablaje 158, de la propiedad denominada Santa Gertrudis Copó, quedando excluida en el proceso de su Rectificación de medidas en fechas del 18 de junio de 1937 y del 22 de abril de 1992”, señala el documento.
En pocas palabras, los 600 metros en disputa no le pertenecen a la Inmobiliaria Abba.
