Redacción / Posicionamiento de IFEX.- En abril, la pandemia de COVID-19 siguió dominando las noticias y los comentarios en torno a la libertad de expresión y el acceso a la información, naturalmente. Hubo numerosos casos de periodistas perseguidos por informar sobre la crisis y más ejemplos de gobiernos que utilizan al virus como excusa para reprimir a sus detractores.
Poco más que lamentaciones y declaraciones tibias
La votación el mes pasado en el parlamento de Hungría de una ley que otorga al Primer Ministro Orbán la potestad de gobernar por decreto (supuestamente para combatir más eficazmente la amenaza planteada por COVID-19) fue recibida con indignación y consternación en toda Europa y otras partes del mundo. Fidesz, el partido de gobierno, ya tiene amordazada a la sociedad civil y restringida la libertad académica desde hace un tiempo. Además ha politizado la justicia y prácticamente destruido los medios de comunicación independientes – y todo ello sin tener aún los poderes extraordinarios que otorga la nueva ley de emergencia.
La preocupación de activistas y otros actores crece por la poca reacción de la Unión Europea a lo que sucede en Hungría. El Director Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, publicó recientemente un artículo en el que critica duramente la respuesta de la Unión Europea, reprochándole que está simplemente “rasgándose las vestiduras y emitiendo declaraciones tibias”, afirmando además que la UE ha “dejado de ser un bloque de estados exclusivamente democráticos”.
Es difícil no darle la razón a Roth cuando afirma que “la respuesta podría haber sido más enérgica. Los líderes europeos podrían haber anunciado que activarían el procedimiento del artículo 7 y presionarían para que se suspendiera el derecho de Hungría a votar en los asuntos de la UE. Podrían también revisar qué pasa con los generosos subsidios que brinda la UE, ya que tanto investigaciones periodísticas como organismos reguladores vienen señalando desde hace un tiempo que Orbán utiliza esos subsidios para llenar los bolsillos de sus amigos. Asimismo podrían haber aprovechado toda oportunidad que se presentara para aislar políticamente a Orbán y sus ministros, hasta que cayera la dictadura húngara.
Hace unas semanas, la Unión Europea sufrió un cambio fundamental: dejó de ser un bloque de Estados exclusivamente democráticos.
Y lo que es peor, los líderes de toda Europa apenas se inmutaron.
Abandonaron al pueblo húngaro.
¿Quién será el próximo?
La Unión Húngara de Libertades Civiles (Hungarian Civil Liberties Union – HCLU) publicó un informe este mes en el que describe cómo las autoridades obstaculizan a la prensa independiente durante la pandemia. El informe denuncia, entre otras cosas, que toda información pública sobre el virus está sujeta a controles estrictos de las autoridades, que a su vez no se comunican en forma significativa con la prensa. Además, las fuentes que habitualmente brindan información – como los trabajadores de la salud, por ejemplo – se muestran reacios a hablar con la prensa por miedo a sufrir represalias de las autoridades; y los periodistas están preocupados ante la criminalización del ‘alarmismo’.
La vida de los opositores puesta deliberadamente en riesgo
El parlamento de Turquía aprobó la liberación de aproximadamente 90.000 reclusos como forma de frenar la propagación de COVID-19 en el sistema penitenciario. Este indulto, sin embargo, no incluye a presos políticos, un grupo conformado por periodistas, abogados y defensores de derechos humanos que en su mayoría han sido encarcelados por cargos falsos relacionados con el terrorismo. Miembros de IFEX y otras organizaciones habían reclamado que este grupo estuviera entre los liberados.
El Ponente Permanente del Parlamento Europeo (PE) sobre Turquía y el Presidente de la Delegación del PE ante el Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía emitieron una dura crítica contra la decisión de los legisladores turcos, afirmando que “las fuerzas gobernantes de Turquía decidieron exponer deliberadamente a quienes consideran sus opositores políticos al riesgo mortal de COVID-19”.
Los ponentes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) también expresaron su preocupación por el “criterio discriminatorio” aplicado por Turquía y exhortaron a que se liberara a quienes están presos por motivos políticos.
Parlamento aprobó ley para liberar anticipadamente hasta 90.000 presos por riesgo de #COVID19 en cárceles hacinadas.
Desoyendo reclamos de grupos de derechos y la oposición, se excluye a periodistas, políticos y otros acusados o condenados por “terrorismo”. https://twitter.com/ExInt24/status/1249819112819363842 …
Nuevo gobierno apunta contra la prensa y las ONG
Miembros de IFEX exhortaron a la Vicepresidenta Věra Jourová y al Comisario Didier Reynders de la Comisión Europea a que garantizaran la seguridad del periodista de investigación, Blaž Zgaga, en Eslovenia. Zgaga ha sido blanco de una campaña de hostigamiento iniciada por funcionarios estatales desde que solicitara información a las autoridades sobre la estrategia del gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Partidarios del gobierno derechista han continuado con el hostigamiento y Zgaga también ha recibido amenazas de muerte.
Grupos de derechos humanos apelan a la Comisión Europea luego de que autoridades eslovenas lanzaran ola de amenazas y hostigamientos contra el periodista @blaz_zgaga http://ow.ly/k8SV30qzxYK @pen_int @article19europe @SEENPM_org
No solo los periodistas son objeto de persecución por el partido de gobierno esloveno. Las ONG también están en la mira luego de que el gobierno anunciara que recortaría el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, con el supuesto fin de utilizar ese dinero para hacer frente al brote de COVID-19. Sin embargo, como demuestra este artículo publicado en el sitio web de la Red de Europa Sudoriental para la Profesionalización de los Medios (South East European Network for Professionalization of Media), las ONG afectadas por los recortes son aquellas cuyo trabajo no se ajusta al programa de gobierno, como por ejemplo, aquellas que se dedican a ayudar a los solicitantes de asilo.
Amenazas y leyes draconianas
En Rusia, el Presidente Putin promulgó legislación que impone penas extremadamente severas a las organizaciones de noticias y los periodistas que se considere estén difundiendo “información intencionalmente falsa” sobre sucesos que ponen en riesgo la seguridad pública y la respuesta del gobierno a tales sucesos. Las penas incluyen multas de entre 62.000 y 124.000 euros [67.000 y 134.000 dólares de EE.UU.], en el caso de los grupos de medios de comunicación; y para las personas físicas, se prevén multas equivalentes a todos los ingresos percibidos en los 18 meses anteriores y condenas de hasta cuatro años de prisión.
El brutal líder checheno Ramzan Kadyrov amenazó a la periodista de Novaya Gazeta Elena Milashina luego de que esta publicara un artículo en el que afirmaba que chechenos en cuarentena habían dejado de consultar por síntomas de COVID-19 por miedo a que los tildaran de “terroristas”. (A fines de marzo, Kadyrov creó un grupo de trabajo para frenar la propagación del virus, argumentando que violar la cuarentena era peor que ser terrorista.) La UE exhortó a las autoridades rusas a que condenaran e investigaran las amenazas de Kadyrov contra Milashina. Pero es poco probable que lo hagan, teniendo en cuenta que el 15 de abril Roskomnadzor, el organismo ruso de supervisión de los medios de comunicación, ordenó a Novaya Gazeta que retirara el artículo de Milashina de su sitio web, alegando que contenía información “inexacta” que podía resultar peligrosa.
Se revocó el criticado decreto de COVID-19
En Serbia, el gobierno revocó un decreto muy criticado que permitía solo a fuentes oficiales publicar información sobre COVID-19. Esto se produjo tras críticas del Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios y de la detención, el 1° de abril, de la periodista Ana Lalić. Lalić fue detenida por “infundir pánico y agitar” luego de que publicara un artículo donde citaba a un médico que afirmaba que había numerosos contagios de COVID-19 entre el personal sanitario debido a la falta de indumentaria de protección. Lalić estuvo 48 horas detenida y si bien fue liberada, no se habrían retirado los cargos en su contra.
Enfoque de género
En Polonia, los parlamentarios votaron propuestas de proyectos de ley que equivaldrían prácticamente a una prohibición del aborto y penalizarían la educación sexual. El parlamento tenía la opción de rechazarlos o elevarlos para un segundo examen, pero decidió devolverlos a la etapa de comisión parlamentaria para que se siguiera trabajando sobre ellos. El gobernante Partido de Ley y Justicia (PiS), que promueve ‘valores tradicionales’ y se opone a la ‘ideología de género’, ya ha intentado en varias oportunidades retroceder en materia de conquistas de derechos reproductivos en Polonia. Al estar prohibidas las concentraciones públicas para evitar el contagio de COVID-19, los grupos defensores de los derechos de las mujeres se volcaron a protestar en línea antes de la votación.
La sociedad civil de #Polonia ha asumido con determinación el desafío planteado por la obligación de movilizarse en línea. #Solidaridad #ProtestaEnCasa #CzarnyProstest https://twitter.com/FrontLineHRD/status/1250487769861931010 …
El 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, el gobierno de Hungría presentó un proyecto de ley en el parlamento que, de aprobarse, prohibiría a las personas transgénero cambiar el género con el que están registradas legalmente. El proyecto de ley dispone que el género registrado legalmente de las personas estará determinado por el sexo que se tiene al nacer y que una vez registrado, no podrá modificarse nunca. El Intergrupo de LGBTI del Parlamento Europeo condenó el proyecto de ley, afirmando que la “medida no solo silencia intencionalmente a la comunidad trans, sino que pretende borrarla y negar su existencia”.
Arrestos en represalia a críticas a la respuesta al brote de COVID-19
Human Rights Watch (HRW) denuncia que las autoridades de Azerbaiyán están aprovechando las restricciones impuestas con el fin de limitar y frenar la propagación de COVID-19 para atacar a periodistas y activistas opositores. Al menos siete opositores han sido condenados a penas de entre 10 y 30 días de detención por cargos espurios, incluyendo violar las reglas de confinamiento o no obedecer órdenes de la policía. HRW señala que “casi todos los que han sido arrestados habían criticado las condiciones imperantes en los centros de cuarentena administrados por el gobierno o el hecho de que el gobierno no brindara compensación adecuada a quienes están sufriendo económicamente a consecuencia de la pandemia”.
El Instituto para la Libertad y Seguridad de los Periodistas (Institute for Reporters’ Freedom and Safety – IRFS) emitió una declaración exhortando a las autoridades azerbaiyanas a poner fin a sus ataques contra la oposición y los medios independientes y a “liberar de inmediato a todos los presos políticos y de conciencia (más de 120), ya que su salud y vida corren riesgo por posible contagio de COVID-19”.
COVID-19 no es broma
En respuesta al creciente uso del Código Penal de España contra personas que han compartido y creado información falsa y bromas sobre COVID-19 en las redes sociales, ARTICLE 19 llama a las fuerzas del orden a que “se abstengan de utilizar acciones penales y otras medidas coercitivas como principal instrumento para luchar contra la información supuestamente falsa o perjudicial en Internet”. El 9 de abril, la policía detuvo a un hombre acusado de incitar al odio por una broma que publicó en Twitter en la que afirmaba haber contagiado de COVID-19 a miles de personas en un viaje de Madrid a Torrevieja.
Buenas noticias en breve
En Eslovaquia, el 6 de abril, el exsoldado Miroslav Marček fue condenado a 23 años de prisión por los asesinatos del periodista Ján Kuciak y de su novia, Martina Kušnírová, en 2018. Marček es la segunda persona en ser condenada por este crimen.
