Redacción.- Amnistía Internacional México expresa su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de Jalisco durante las manifestaciones de los días 4 y 5 de junio, en las que se ha exigido justicia por la muerte de Giovanni López.
Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, durante casi 24 horas, se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Hasta la fecha, una persona sigue sin ser localizada.
“El gobierno del estado es responsable de la vida, la seguridad e integridad de cualquier persona que sea detenida por sus fuerzas de seguridad, hasta que las mismas sean puestas en libertad”, señaló Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El gobierno del estado de Jalisco debe aplicar la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019. Amnistía Internacional impulsó la creación de esta ley en el Senado, como un elemento jurídico imprescindible para prevenir la violación de los derechos humanos de las personas que son detenidas, así como para evitar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.
Amnistía Internacional expresa su preocupación por los testimonios que ha logrado recabar, que dan cuenta de que varias personas detenidas en la manifestación del 5 de junio fueron llevadas en vehículos sin identificación oficial, a colonias conocidas por su alta incidencia delictivas, donde fueron abandonadas a su suerte.
La disculpa pública no basta
Amnistía Internacional reconoce la labor gubernamental que permitió la localización de 17 de las personas cuyo paradero se desconoció durante 24 horas. Sin embargo, expresa su preocupación por el estado de salud en que pueden estar estas personas.
En este sentido, Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno del Estado de Jalisco a:
- Investigar y sancionar a quienes resulten responsables del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, que ha sido reconocido por el gobernador Enrique Alfaro.
- Investigar posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante las detenciones, especialmente en el lapso en que no se tuvo conocimiento del paradero de al menos 18 personas.
- Garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce el derecho de los Estados a emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público. Pero también ha dejado en claro que “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”[1].
Es obligación del gobierno del Estado de Jalisco efectuar una investigación amplia, clara y expedita de los hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación.
Además, en el caso de la muerte de Giovanni López Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una investigación profesional de los hechos, que permita sancionar a las personas funcionarias públicas responsables de su muerte, de tal forma que se haga justicia para él y su familia, y que además se adopten medidas contundentes para evitar la repetición de los hechos.
