Redacción.- Los magistrados y consejeros del Poder Judicial de Yucatán (PJY) conservarán su fuero, según decidió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los integrantes del PJY acordaron, el 25 de mayo de 2017, promover controversia constitucional para mantenerse bajo la exención jurídica, cuando el cambio no había sido promulgado ni validado constitucionalmente por los 106 ayuntamientos de la entidad.
Para llevar el caso, el PJY pagó a un despacho de la Ciudad de México.
“Están destinando presupuesto público para defender un privilegio que tienen…”, acusó en ese entonces el diputado local Elías Lixa Abimerhi.
La iniciativa original del Ejecutivo local planteó inicialmente dejar el fuero a magistrados y consejeros, pero los legisladores yucatecos aprobaron eliminarlo.
Los magistrados que avalaron interponer un juicio para la protección del fuero son: Marcos Celis Quintal, Ligia Cortés Ortega, Luis Esperón Villanueva, Adda Cámara Vallejos, Jorge Rivero Hevia, Ricardo Ávila Heredia, Migdalia Rodríguez Arcovedo, Ingrid Priego Cárdenas, Santiago Altamirano Escalante, José Ruiz Ramírez y Leticia Cobá Magaña.
COMUNICADO
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, realizada a través del sistema de videoconferencia, invalidó diversas porciones de la Constitución Política de Yucatán, donde se establecía que para proceder penalmente en contra de magistrados y consejeros del Poder Judicial se requería la declaración de procedencia que emitiera el Congreso del Estado, “únicamente por la comisión de delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, particularmente en las resoluciones o sentencias que pronuncien”.
El Tribunal Pleno comenzó por explicar que las reformas a la Constitución de Yucatán en materia de fuero, publicadas en 2017, no violan la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal, ya que la declaratoria de procedencia es un procedimiento especial de naturaleza política y administrativa, que no se traduce en una regla del procedimiento penal.
No obstante, la SCJN consideró que las porciones mencionadas, las cuales acotaban dicha figura respecto de magistrados y consejeros a ciertos delitos, violaban la independencia judicial y el principio de división de poderes, ya que abrían la posibilidad de que estos funcionarios pudieran ser juzgados sin declaración de procedencia previa en otros supuestos; esto es, por delitos distintos a aquellos cometidos contra la administración de justicia.
El Tribunal Pleno reiteró su criterio en el sentido de que la declaración de procedencia de funcionarios judiciales no es un instrumento de impunidad, sino una garantía de independencia, autonomía y funcionamiento de los órganos que desarrollan funciones constitucionales esenciales para el Estado, como lo es la administración de justicia. Lo anterior, pues así se disminuye el riesgo de paralizar el funcionamiento de las instituciones por presiones o interferencias, mediante la atribución de responsabilidades penales.
De esta forma, el Pleno de la SCJN invalidó diversas porciones de los artículos 97, último párrafo y 100, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán. Asimismo, validó el artículo 100, segundo párrafo del mismo ordenamiento y el artículo segundo transitorio del Decreto número 491/2017, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de ese Estado, el 19 de junio de 2017.
Controversia constitucional 207/2017, promovida por el Poder Judicial del Estado de Yucatán, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mencionado Estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política de esa entidad, publicada en el Periódico Oficial local de 19 de junio de 2017, mediante Decreto 491/2017.
