Redacción.- Las diputadas de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, presentaron una iniciativa que contempla sanciones más severas y nuevas conductas para tipificar el delito de feminicidio en Yucatán.
Durante su participación en la sesión plenaria del Congreso del Estado, Romero Bartarrachea, sostuvo que muchas mujeres siguen siendo acosadas y amenazadas por hombres cercanos a ellas, y que esa razón las motivó a presentar la propuesta que modifica el Código Penal del Yucatán.
“Nosotras legislamos a partir de la realidad que se vive cada día, buscamos visibilizar los hechos, darle herramientas a las autoridades para que puedan proceder y establecer las agravantes en los casos de feminicidio”, puntualizó.
Reiteró que la violencia es consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género, nacida de un sistema machista que impera en nuestra sociedad mexicana.
Explicó que Mérida ocupa el lugar número 50 de los 100 municipios con más feminicidios, lo que equivale al 0.60 por ciento de delitos por cada 100 mil mujeres. Y que en los últimos años la cifras han ido en aumento.
DISPOSICIONES
En primer punto, se propuso incluir como antecedentes de violencia los aspectos político y comunitario, como contextos de violencia previa en contra de la víctima, además de los ya contemplados en la Ley Local, ya que en la actualidad no se están tomando en consideración estos tipos de violencia contra las mujeres.
También se amplió el término “razones de género”, considerado que es necesario actualizar más de dos circunstancias para que el tipo penal sea aplicable, por lo que se plantea que el delito de feminicidio concurra con una razón de género para tipificar el mismo y no varios de los supuestos contemplados en la legislación actual.
De la misma manera se incluiría dos nuevas conductas que son “depositar” y “arrojar”, como términos que señalan la intención de desaparecer el cadáver de la víctima o bien de colocarlo en lugares denigrantes o degradantes.
Asimismo se agregará una nueva agravante, el cual sería el uso de enervantes y sustancias psicotrópicas para vencer la voluntad de la víctima previamente a cometer el hecho ilícito.
Igual se contempló la existencia de alguna relación de superioridad o subordinación entre el sujeto activo y la víctima como lo puede ser en el ámbito laboral o docente.
La iniciativa también incluye las amenazas que no se realizan directamente hacia la víctima, sino que, pudieran ser afectadas hacia personas del entorno cercano a esta.
La modificación anterior permite la posibilidad que el Ministerio Público como autoridad investigadora, sustente como evidencias las amenazas a la integridad de la víctima hechas a personas de su entorno inmediato.
