Redacción.- Legisladores de diferentes fuerzas políticas hicieron un llamado al Gobierno del Estado “para revisar la política del turismo en Yucatán, así como a la Auditoría Superior del Estado (ASEY) para revisar el uso de recursos públicos de la Secretaría estatal en la materia”, según dijeron.
En la sesión ordinaria de este miércoles, el diputado del PRI, Warnel May Escobar, pidió en tribuna que la ASEY investigue si el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Turismo, no erogó recursos para la visita de “influencers” a diferentes lugares de Yucatán, para darle seguimiento a este tema “que ha polarizado y enojado a la sociedad yucateca”.
Lo anterior, al presentar una iniciativa para modificar la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo del Estado, para crear el Consejo de Promoción Turística de Yucatán, como un ente descentralizado, que tuviera por objeto promover, impulsar y ejecutar programas de promoción de los destinos turísticos del Estado, así como reemplazar a los fideicomisos sectoriales.
En el mismo sentido, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, también se unió al llamado para que la ASEY, de acuerdo a sus atribuciones, revise y audite de manera particular la mencionada Secretaría, “porque no es solamente este caso donde se gastan millones de pesos y luego dicen que fue gratis, tenemos aún denuncias de ciudadanos que compraron su boleto para el Festival de la Trova y no se les devuelve el dinero”.
Al mismo tiempo, solicitó al Gobierno del Estado revisar cuidadosamente su política de difusión y de promoción del estado, “para conocer qué queremos promover y qué mensaje queremos mandar hacia afuera”.
Aunado al tema, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, se sumó a las opiniones vertidas “porque los yucatecos, más que molestos, nos sentimos lastimados y ofendidos por la banalización de nuestra cultura”.
Por otro lado, la legisladora criticó el recorte de programas federales que no se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, en materia de investigación, ciencia, cultura, cine, entre otros; además que se reducirán los recursos del Fondo Nacional de Desastres y desaparecerán 282 fideicomisos.
“Antes teníamos estancias infantiles, medicamentos, comedores comunitarios, 300 clínicas urbanas, la construcción de un aeropuerto de primera, gasolina, y eran corruptos y se robaban todo, y ahora que son tan honrados, no tenemos nada de eso”, enfatizó.
Sobre este tema, el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, señaló que el programa de escuelas de tiempo completo tampoco está contemplado en el PEF del próximo año, que afectaría a 4,659 trabajadores de la educación en Yucatán, por lo que pidió a los diputados federales trabajar para que se asigne este recurso.
La coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié presentó una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, para que él o la presidente de la Mesa Directiva rinda un informe de actividades legislativas en la primera quincena de junio, que deberá estar a disposición de la ciudadanía a través de la Gaceta Parlamentaria.
“Debe contener cuantitativa y cualitativa, las leyes de nueva creación, reformas, adiciones, decretos aprobados, iniciativas aprobadas y pendientes, actividades realizadas de las Comisiones, actividades realizadas por la Diputación Permanente, actividades realizados en coordinación con el Poder Ejecutivo y con los Ayuntamientos, designación o ratificación de servidores públicos, puntos de acuerdo, premios y reconocimientos otorgados, así como mensajes emitidos por un representante de cada fracción legislativa”, detalló.
En su turno, el diputado del PRI, Marco Rodríguez Ruz, presentó una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, respecto al trato especial hacia este sector vulnerable en el desarrollo de sus funciones para contemplar el máximo de horas laborables en horario diurno, evitando que presten trabajos en el horario nocturno y en la jornada mixta, así como permisos para acudir a sus terapias entre otros derechos económicos.
En otros temas, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, manifestó que el Convenio de Conflicto Limítrofe entre Mérida y Progreso, no tiene los requisitos necesarios para que se apruebe, porque se trata de 1,200 hectáreas de la capital yucateca entregados al principal puerto del estado.
En respuesta, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, le pidió al diputado que respete los procesos legislativos, porque dicho convenio aún se analiza en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, al igual que se debe respetar la autonomía municipal.
Su compañero de bancada, Víctor Sánchez Roca, agregó que para este tema no hay ningún interés económico, porque el hecho de ceder los terrenos no quiere decir que el municipio será el dueño de los mismos, porque son terrenos ejidales que tienen propietarios.
El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, reiteró respetar el proceso legislativo, porque el tema no está a discusión y si alguien tiene pruebas de un acto indebido hay que presentarlas a la Comisión.
En la Plenaria, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa por el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores y adicionar disposiciones al Código Penal del estado, signada por MC.
Así como la iniciativa por el que se reforma el título sexto, capitulo único y el título vigésimo tercero, capítulo único del Código Penal del estado, signada por Víctor Sánchez; además de la iniciativa por el que se adiciona un párrafo, se reforma una fracción y se adicionan diversas fracciones al Código Penal del estado, en materia de tentativa de feminicidio, suscrita por Kathia Bolio Pinelo (PAN).
A la comisión de Salud y Seguridad Social, se envió la iniciativa por el que se reforma la Ley de los Trabajadores al Servicio del estado y Municipios de Yucatán, en materia de permiso por paternidad, signada por la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar.
A la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa por el que se reforma la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, signada por la fracción del PRI; y a la comisión de Derechos Humanos, la iniciativa para crear la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna, suscrita por la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar.
En otros temas, se instruyó distribuir a los 25 diputados los oficios suscritos por el Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros, Hugo Gutiérrez Hernández Rojas, y por el titular de la unidad de enlace de la Subsecretaría de Gobierno Federal, Jesús Saldaña Hernández.
Lo anterior, en respuesta al acuerdo aprobado por la LXII Legislatura, para exhortar a la Secretaría de Salud y de Hacienda Federal, así como al Congreso de la Unión, para que lleve a cabo reformas, adiciones y asigne el presupuesto necesario para que todo el personal médico, de enfermería, de intendencia que sea contratado de manera temporal específicamente para enfrentar esta Pandemia y al personal de residentes médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con su trabajo esta enfermedad y concluyan su residencia se les garantice una base laboral de manera definitiva y otorgándose de forma gradual en el sistema de salud, respetando los escalafones establecidos en las diferentes instituciones.
Así como otro oficio del titular de la unidad de enlace de la Subsecretaría de Gobierno Federal, referente a la respuesta al acuerdo, también avalado por esta soberanía, para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, para que realicen, en la medida de sus atribuciones, todas las acciones necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos, pruebas de diagnóstico del Covid-19, equipo de hospital, material necesario y suficiente para doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros y todo el personal en general que labora en hospitales públicos e Institutos de salud de Yucatán.
De la misma manera, el oficio signado por la Secretaria de Educación de Yucatán, Loreto Villanueva Trujillo, en respuesta al acuerdo aprobado por la LXII Legislatura, para que el Congreso de Yucatán exhorte al Gobierno del Estado, para que se realicen las gestiones necesarias y se retome en el estado, el Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información, de acuerdo a la suficiencia presupuestal del estado, que consiste en dotar de equipos de cómputo a maestros y maestras; a niñas, niños y adolescentes de educación básica, de manera gratuita, para elevar sus competencias pedagógicas y favorecer el uso virtuoso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas virtuales, redes sociales e internet, incluyendo las medidas de protección de datos.
También, se dieron a conocer oficios de los Ayuntamientos de Teabo, Suma, Cenotillo y Tizimín, los cuales remiten su segundo informe de gobierno municipal 2018-2021; y la diputada de Morena, Leticia Euán Mis, recordó el 52 aniversario de la masacre de Tlatelolco, en ciudad de México.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 7 de octubre del presente año a las 11 de la mañana.
Denuncias
Previamente en la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, el titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ASEY, Jonathan Ramírez García, brindó un informe de la situación que guardan las denuncias por presuntas irregularidades en los municipios de Chichimilá y Tinum.
García Ramírez, informó que al municipio de Chichimilá, se le ha notificado la orden de visita domiciliaria con la que se le requirió información, sin embargo, por el incumplimiento de su atención se le han interpuesto dos multas con una cantidad de $26,064 m.n., con corte al 3 de septiembre del presente año.
En el caso de Tinum, continuó, se le ha notificado la orden de visita domiciliaria con la que se le requirió información, sin embargo, a la fecha no se ha recibido documentación por parte del municipio, lo que, de seguir así, la ASEY iniciará el proceso de imposición de multas por incumplimiento en la atención de la solicitud.
El titular de dicha Unidad también detalló el Calendario de fechas en el que se identifiquen los plazos de entregan de los diversos informes que debe presentar la ASEY a esta Comisión Permanente, así como el seguimiento a la atención de las recomendaciones generadas por esta Unidad, con corte al mes de agosto de 2020.
En otro punto, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el dictamen de reformas a diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estados, signada por María Moisés Escalante (PRI).
