Redacción.- Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que “refuerza varias agencias encargadas de atender temas prioritarios en la impartición de Justicia como el Centro de Justicia para las Mujeres, la de delitos contra Menores de Edad localizada en (PRODEMEFA) y las unidades de Feminicidios y Homicidios, entre otras, representantes de diversas asociaciones civiles defensoras de mujeres reprobaron la reestructuración del Centro de Justicia para las Mujeres a cargo del encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rafael Pinzón Miguel, quien “sin cumplir con los protocolos establecidos en la Ley optó por efectuar cambios de último momento”, según dijeron.
En efecto. Las organizaciones encabezadas por mujeres afirmaron que en la unidad sólo labora una tercera parte del personal capacitado por lo que habrá un grave retraso en los procesos de vinculación y de justicia de los delitos cometidos en contra de las mujeres, por lo que se deja en total indefensión al género.
Incluso, las organizaciones destacaron la omisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), ya que hasta el momento no hay un pronunciamiento alguno en torno “a la ilegal acción” de Pinzón Miguel.
El encargado del despacho de la FGE, Rafael Pinzón Miguel informó durante el fin de semana “que la rotación de personal de diversas áreas se inició tras la visita diaria a cada una de las áreas y un análisis profundo, por lo que la colocación de mayor número de personal en agencias y unidades que atienden temas sensibles como la violencia contra las mujeres y los niños, permitirá hacer más eficiente la atención de los usuarios”.
Asimismo, justificó afirmando que “dicho reforzamiento forma parte de las acciones encaminadas a que las áreas prioritarias o con mayor demanda realicen una labor más ágil, sensible y eficiente, mediante la reasignación de funciones, procurando distribuir de manera equitativa las cargas de trabajo, como en el caso de la unidad de feminicidios que ahora será reforzada con personal de la unidad de homicidios en caso de que se requiera”.
“La colocación de personal experimentado en donde hay una mayor carga de trabajo se empieza a notar de inmediato y ello nos ayuda a una mejor distribución de las labores y a hacer más eficiente la integración de las carpetas que se desprenden de las denuncias interpuestas por las decenas de usuarios que a diario llegan a la dependencia, en busca de solucionar un problema”, subrayó el encargado del despacho.
Sin embargo, las activistas yucatecas afirmaron una reestructuración debe estar a cargo del titular de la Fiscalia General del Estado y no del encargado del despacho, además de que en el caso específico del Centro de Justicia para las Mujeres, primero se debió consultar al Comité Técnico de Análisis del Delito de Feminicidio.
La especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Gina Villagómez Valdés, presidió la conferencia de presa a distancia, y anunció que en breve entregarán el respectivo pronunciamiento al gobernador Mauricio Vila Dosal.
La titular de la asociación “Por una vida libre de violencia”, María Eugenia Núñez Zapata, consideró de inadecuada la reestructuración en la atención a los feminicidios, ya que “tan solo a unos días de nombrarse un nuevo titular de la Fiscalía, no parece oportuno realizar modificaciones si no se ha expuesto una evaluación y presentado un Plan de acción estructural que muestre la congruencia y pertinencia de sus decisiones”.
Resaltó que la FGE cuenta con nueve unidades de investigación entre las que se encuentra la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Feminicidio, la cual ha disminuido su personal y fue reubicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio.
Rechazó totalmente tal decisión unilateral, la cual “contravienen las recomendaciones de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia de género (Conavim), emitidas hace tres años cuando fue solicitada la Alerta de Violencia de Género para Yucatán y que aún no han sido planamente atendidas”.
Asimismo, “con esta decisión inexplicable e inaceptable, se está faltando a la obligación de consultar al Comité Técnico de Análisis del Delito de Feminicidio, conformado por todas las dependencias y organizaciones civiles vinculadas con el tema”.
La investigadora de la UADY, Ligia Vera Gamboa, reprobó la reestructuración de la FGE, la cual fue dada a conocer a través de las redes sociales, por lo pronunció en contra del encargado del despecho de tal dependencia.
De igual forma, la estudiosa Rocío López Quintal, lamentó el rezago que prevalece en el Estado en contra de las mujeres y adelantó que nuevamente solicitarán el decreto de la alerta de género para Yucatán.
Por su parte, Milagros Herrero Buchanans, enfatizó que el 98 por ciento de las agresiones en contra de las mujeres nunca llegan a los juzgados, mientras que Teresa Gabos enfatizó que “la violencia de género se refuerza con las omisiones, además que “el terreno ya ganado se está perdiendo”.
Núñez Zapata aseveró “no estamos para lavar la cara de nadie y mujcho menos para maquillar cifras”.
En Yucatán son 10 los municipios los más violentos: como Kanasín, Motul, Río Lagartos, Progreso, Tizimín y Mérida, principalmente.
Durante 2019, en la entidad se cometieron cuatro feminicidios, y en lo que va del año ya son 12.
