Redacción.- En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, continuó el análisis del Paquete Fiscal estatal para el ejercicio 2021, en la cual se solicitó la elaboración del proyecto de dictamen de las reformas a la Ley de Hacienda, en materia de servicios que presta el Poder Legislativo.
Al comenzar la Ley de Ingresos del Estado para 2021, a nombre de la fracción del PRI, la diputada Lila Frías Castillo, solicitó desechar la iniciativa para modificar la Ley de Hacienda, el Código Fiscal del Estado y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en materia de avalúos, porque transgrede el derecho humano de libertad del trabajo y afecta el principio de igualdad en detrimento de los profesionales de dicha rama en la entidad, según argumentó.
También dijo que invade esferas municipales en materia de catastro, limita las funciones de los corredores y valuadores públicos, “no es viable para que pueda ser adecuada al marco legal vigente”.
En la misma propuesta, señaló la licencia única ambiental no debe ser impactada en la reforma a la Ley de Hacienda estatal, porque la regulación normativa al respecto no ha sido modificada por esta Legislatura, toda vez que la iniciativa para modificar diversas leyes, en materia de mejora regulatoria y simplificación administrativa aún se encuentran en proceso legislativo en la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo.
Por otro lado, Frías Castillo indicó que la bancada del PRI está en contra de los montos contemplados dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2021, en particular para el Poder Legislativo del Estado, que en octubre pasado avaló una cantidad de $262,342,027.00, pero en el documento se plantea $220,004,107.00, con un decremento de $42,337,920.00, es decir, 16.14%.
“Ya que esto arriesga la operatividad de este cuerpo legislativo comprometiendo incluso el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la siguiente Legislatura”, añadió.
Asimismo, mencionó que a la Orquesta Sinfónica de Yucatán recibió este año la cantidad de $41’363,746.00 y para el próximo año se proyecta $17’019,822.00, que representa una disminución de $24’343,924.00, es decir, un decremento de 58.85%.
“En todo caso, se hubiera reducido en áreas no esenciales sin afectar el patrimonio cultural de Yucatán”, declaró.
Por lo anterior, la legisladora solicitó que se declare un receso para que esta Comisión permanente analice los temas antes vertidos.
La coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, concordó con hacer un receso para el estudio de los planteamientos, pero manifestó su inconformidad sobre la solicitud del presupuesto del Congreso estatal porque “no parece demostrar empatía hacia los ciudadanos yucatecos”.
La diputada sin partido, Milagros Romero Bastarrachea, aclaró que en el presupuesto del Legislativo estatal, “no estamos peleando el ramo mil que se refiere a los sueldos y las compensaciones, sino a la operación básica del Congreso”, porque “no podemos defender otros presupuestos y no el propio”; por lo que también se mostró de acuerdo en realizar un receso para hacer un análisis minucioso y buscar un producto legislativo “que nos represente a todos”.
En su turno, el diputado del PRI, Luis Borjas Romero, solicitó que la iniciativa en materia de avalúos sea analizada de manera compartida con la comisión de Justicia y Seguridad Pública, la cual preside, porque impacta leyes que atiende dicho cuerpo colegiado.
En respuesta, el presidente de la comisión de Presupuesto, Víctor Sánchez Roca, informó que no tiene la facultad para hacerlo, solo la Mesa Directiva, por lo que continuarán con el desarrollo regular como parte de una iniciativa del paquete fiscal estatal; para finalizar, declaró un receso para reanudar actividades el lunes 14 de diciembre a las 9 de la mañana.
Vigilancia
En la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, sus integrantes aprobaron por unanimidad la segunda entrega de los informes individuales, correspondientes a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2019, que contienen 127 auditorías de 66 municipios, 8 organismos públicos y 53 entidades y organismos autónomos.
De la misma manera, avalaron la terna de candidatas para ocupar al cargo de Comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, integrada por las mismas aspirantes que en la anterior ocasión: Adriana de León Carmona, María Gilda Segovia Chab y Maury Zayuri Valle Valencia.
