Redacción.- En el sexenio de Felipe Calderón se firmaron contratos con empresas privadas para encargarse de los penales federales, operación por la cual el gobierno federal aún debe 190 mil 638 millones de pesos. Las empresas que en 2010 y 2011 recibieron ventajosos contratos para administrar al menos 8 de 17 penales federales tienen como propietarios, entre otros, a Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, este último cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari’.
En los 8 centros penitenciarios privados, el gasto mensual por preso asciende a 114 mil 588 pesos, en promedio, y puede llegar hasta 192 mil pesos. En los penales manejados por el gobierno el gasto promedio es de 15 mil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del reporte de la revisión de los contratos de prestación de servicios privados en penales federales del país.
El mandatario instruyó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dialogar con los proveedores para llegar a acuerdos que reviertan las cláusulas abusivas a la Hacienda pública.
Anunció que de no concretar una solución se presentará una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
“Son empresas muy vinculadas a políticos y esto es lo que ya no queremos que vuelva a suceder en el país. es un botón de muestra desgraciadamente porque esto se extendió por todo el gobierno. Se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal; privatización, sinónimo de corrupción”, apuntó.
En conferencia de prensa matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se analizaron ocho contratos de centros penales en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos y Michoacán.
Estos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, director de adquisiciones de la misma dependencia, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando el Genaro García Luna era secretario de Seguridad.
En los últimos nueve años se ha pagado un total de 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos. Esta cantidad es correspondiente al 36 por ciento del pago total.
Hay un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que en algunos penales corresponderá hasta el 2032 y en otros hasta el 2036 o 2037. Así, el costo proyectado a 20 años se aproxima a los 266 mil 300 millones de pesos.
En los ocho centros penitenciarios privatizados en los que se realizó la revisión hay un total de 12 mil 284 Personas Privadas de la Libertad (PPL).
La secretaria de Seguridad indicó que en 2020 el gasto por PPL al día fue de 2 mil 558.62 pesos en Sonora, por ejemplo, y hasta 5 mil 69.16 pesos en Michoacán.
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, indicó que uno de los contratos por casi 270 mil millones de pesos, se asignó en la administración federal antepasada por adjudicación directa.
El jefe del Ejecutivo dijo que aun cuando todavía no se termina de limpiar el gobierno de prácticas ilegales “estamos convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país”.
