Por Eduardo Lliteras Sentíes.- Morir a cuchilladas frente a tu casa en Mérida. Defendiéndote como puedes con tus manos traspasadas por las tajadas lanzadas con furia por dos criminales enviados directo hasta la puerta de tu hogar, a cambio de dinero y de una vida de “lujos” miserables, entre tus gritos de angustia por el terror de que les suceda lo mismo a tus hijos, atónitos y aterrorizados frente a la escena. Ese es tu último aliento, entre los insultos y mensajes proferidos por los sicarios a nombre de Martín Alberto Medina Sonda.
Así fue el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto acaecida en la capital de la llamada ciudad más segura del país hace ya cuatro años al abrir la puerta de su casa desde la calle.
Así fue la muerte de Emma, brutal, cobarde, entre la desesperación de una mujer frágil, al verse sola, agredida en plena calle, dejando a sus hijos a merced del grupo criminal que ese día culminó su desigual guerra de aniquilación.
Era el 27 de marzo de 2017. Ese día Emma fue seguida por quienes planificaron el asesinato durante días, con información de inteligencia precisa de dónde vivía. De sus movimientos, sin que autoridad alguna de seguridad los perturbara o molestara.
Llegaron hasta su casa sin que hubiera policías que la cuidaran a pesar de que su familia, su madre, Ligia Canto Lugo, y ella misma, habían denunciado las amenazas constantes de muerte. Pero las autoridades que entonces gobernaban el Estado, con el gobernador Rolando Zapata Bello, fueron sordas, por no decir omisas, cómplices.
Había de antecedente un larguísimo historial de acoso judicial, en el que participaron autoridades de diversos niveles, incluidas del Poder Judicial federal y estatal, las que gracias al poder económico y político del ex marido de Emma, Martín Alberto Medina Sonda, trabajaron para destrozar su vida, la de sus hijos, la de su madre, fabricando expedientes y acusaciones al vapor.
Fui testigo de mucho de lo que le ocurrió a Emma judicialmente porque hablé con ella y con su madre, Ligia, quien a pesar de su edad, de ser una abuela que ya debería estar tranquila en su hogar con su esposo, aún vive en zozobra constante, escoltada y afrontando la inacabable pelea judicial de quien tiene recursos sin fin para fabricar expedientes, mover jueces y judiciales. Encarcelar personas.
La venganza de Martín Alberto Medina Sonda (quien no paga manutención de sus hijos a pesar de tener recursos suficientes), a través del aparato judicial, logró que le fabricaran 6 delitos a Emma antes de que la asesinaran.
Fue denunciada por maltrato infantil y abandono de personas, es decir, de sus tres hijos. Por el robo de una camioneta -que le había dado su marido con todo propósito- quien encabezó el operativo con un comando armado en céntrica zona de la ciudad de Mérida y con la complicidad de la fiscalía estatal, para con lujo de violencia detenerla a golpes y llevarla presa hasta Tabasco. En el trayecto, entre insultos, golpes salvajes con la cacha de la pistola que le arrancaron cabellos y le llenaron la cabeza de chichones, fue violada repetidamente por los judiciales que la transportaban.
En ese operativo criminal, en el que participó Martín Alberto Medina Sonda -hoy aún preso en Tabasco- pistola en mano para llevarse a sus hijos con destino desconocido, no hubo autoridad que interviniera a favor de Emma en Yucatán.
Posteriormente al viaje infernal hasta Tabasco, fue ingresada presa al penal de Villahermosa, donde se le negó asistencia médica, a pesar de la golpiza y violación a la que fue sometida.
Pero también la mamá de Emma Gabriela, la señora Ligia, fue abruptamente detenida -saliendo de una entrevista en un medio local- en Mérida y cuando circulaba en un auto de la Fiscalía General del Estado que entonces encabezaba Celia Rivas Rodríguez -quien no evitó fuera detenida- y que ahora apareció en la planilla panista a la alcaldía de Mérida.
Ligia Canto fue llevada al penal de Alta Seguridad en Puente Grande, Jalisco, con la aberrante acusación de clonación de tarjetas, falsificación de documentos oficiales, entre otros, en complicidad con la misma Emma y uno de sus hermanos.
De nueva cuenta el sistema de justicia del país daba muestras de su podredumbre inmunda, hoy convertido en máquina de amparos contra el gobierno federal.
Las autoridades en Yucatán se mostraban omisas cuando no cómplices.
Y tras cuatro años del feminicidio, la señora Ligia aún debe afrontar juicios, audiencias, pagar abogados. Lo mismo los nietos, a los que inclusive quieren someter a nuevos peritajes como si no hubieran tenido ya suficiente sufrimiento a lo largo de toda su infancia, entre crímenes, agresiones, secuestros y autoridades cómplices.
¿Dónde acabará ésta historia espeluznante de terror? Hay personas que han estado preguntando por el paradero de la señora Ligia y de los niños en Mérida. Personas que no son de Yucatán. ¿Con qué fin, con que objeto?
