Redacción.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones contra Adrián de la Garza y Samuel García por presuntos delitos electorales. La denuncia se hizo a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), la que investiga a los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León. El primero fue denunciado por el caso de la “tarjeta rosa” y el segundo por aportaciones electorales.
En efecto. La Fiscalía General de la República informó que ha iniciado una indagatoria en contra de Samuel García (candidato al Gobierno de Nuevo León) y su familia a partir de una denuncia de la Unidad de Investigación Financiera.
En el comunicado publicado en Twitter se puede leer:
“Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “G”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales”.
Explica el periodista Salvador Zaragoza en su cuenta de Twitter, que la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este caso, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido concretamente a ese ilícito, atribuido a Adrián “D”, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León; lo cual significa la compra y coacción del voto. Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.
